Una oleada de solicitudes de traslado y renuncia se ha desatado en el Ministerio Público por parte de fiscales y fiscalizadores inconformes por una errónea interpretación la Ley que rige ese órgano, la 133-11 y del Reglamento de Carrera.
En cada sesión del Consejo Superior del Ministerio Público se conocen renuncias de fiscales y fiscalizadores por inconformidades porque no se cumple con los beneficios que les confiere la ley. Algunos alegan le han negado hasta solicitud de licencia médica.
Esos disgustos ha dado al traste a que más de 100 fiscales hayan interpuesto por ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) tres acciones de amparo, medida cautelares y recursos contenciosos administrativos.
Muchos fiscalizadores que hacen el trabajo de fiscal, pero que no reciben las remuneraciones correspondientes también están disgustados.
De acuerdo a Domingo Berigüete en el periódico El Nacional, ptra de las acciones que ha generado malestar a los fiscales y fiscalizadores es que la Dirección General de Carrera y el Consejo Superior del Ministerio Público pretende someterlos a un concurso que, según ellos, no está contemplado en la Ley.
Entre los miembros del Ministerio Público que solicitaron renuncia están: Yelianny Polanco Cruz, fiscalizadora adscrita al Distrito Nacional; Jorge Luis Amador Castillo, fiscalizador adscrito a la fiscalía de La Altagracia; Wintong Américo Fiorinelli Medina, procurador fiscal adscrito a la Fiscalía de San Juan de La Maguana, la renuncia a titularidad de procurador General, titular Regional de la Corte de Apelación en San Pedro de Macorís, suscrita por Roberto Enrique Encarnación.
Traslados
Entre los solicitantes de traslados están Fernelis A. Rodríguez Castillo, procurador fiscal adscrito a la fiscalía de Peravia; Danelys Antonia Medina Peguero, procuradora fiscal adscrita a de San Juan de la Maguana,
El Consejo Nacional del Ministerio Público también está apoderado de una solicitud de traslado desde la fiscalía de Valverde Mao, hacia la fiscalía de Espaillat (Moca), suscrita por Luisa Inés Rodríguez Bonilla, fiscalizadora adscrita a Valverde Mao, de la solicitud de traslado a la Unidad de Investigación de Delitos Tributarios de la de Catalina Bueno Patiño, procuradora fiscal adscrita a la fiscalía del Distrito Nacional.
