Los abogados Francisco Franco y Julio Cury le dieron hoy un espaldarazo al Partido Revolucionario Moderno (PRM), organización que, ante los hechos atribuidos a los miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas, abogó ayer por su enjuiciamiento político. Franco y Cury, coincidiendo con el partido de gobierno, consideraron que, en el pliego de cargos preliminares contenido en el informe de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, se consignan faltas administrativas muy graves con vocación a ser penalmente perseguidas.
“El PRM, al respaldar la celebración del juicio político, asume una actitud plausible, pues se aviene con los principios que constitucionalmente rigen la Administración Pública, en particular, con el de la transparencia, el cual había entrado en dramática colisión con la incapacidad exhibida por los todavía integrantes del Pleno de la Cámara de Cuentas, en cuyo evangelio laboral se arremolinaban inflamados intereses políticos”, afirmó Franco.
De su lado, Cury sostuvo que la sociedad contempla con asombro la posición de ciertos partidos que, en lugar de patrocinar la efectiva fiscalización de los fondos públicos, apuestan por una Cámara de Cuentas dúctil y políticamente permeable. “Los miembros de su Pleno incurrieron en hechos muy peligrosos. Imantaron de intereses espurios la aguja de sus actuaciones y omisiones administrativas, trenzando una cadena de violaciones normativas desconcertantes, cuya gangrena terminó extendiéndose por todo el tejido de ese órgano de control”.
Los juristas señalaron que los actuales miembros carecen del indispensable crédito social para examinar la legalidad, eficiencia y transparencia del uso de los recursos públicos, y que el PRM, al propugnar por una nueva composición de ese colegiado, interpreta correctamente el sentimiento nacional que, según dijeron, “ve con ojeriza la defensa de ciertos partidos de oposición”.
Según Franco, “El partido oficialista demuestra responsabilidad política al fijar posición respecto de este tema tan sensible”, pues entiende que los atribuidos a Janel Ramírez, Mario Arturo Fernández y demás miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas, es “alarmante, ya que incluye violaciones a la mismísima Constitución, a la Convención Interamericana contra la Corrupción, la asignación ilegal de fondos públicos y la falsedad en escritura pública, conductas todas que son innegablemente constitutivas de ilícitos penales”, expresó Franco.
