La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de El Seibo aportó las evidencias para que se condenara a 27 años y el pago de más de 10 millones de pesos para los miembros de una poderosa red criminal dedicada al tráfico internacional de drogas, porte ilegal de armas de fuego y el lavado de activos, que operaba desde las costas del municipio Miches, en El Seibo.
Se trata del líder de la organización criminal, Donnie Omar Pérez Candelaria, un narcotraficante que fue condenado a la pena de 12 años de prisión a cumplirlo en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-11) en San Pedro de Macorís y al pago de 400 salarios mínimos como multa, junto a él, los demás miembros de la referida estructura, los acusados Andrea Candelaria Candelaria, José Pérez Pérez y Lisseet Vivian Pérez Candelaria, quienes también fueron condenados a una pena de cinco años de prisión y multa de 200 salarios mínimos.
El Ministerio Público presentó una acusación firme y con pruebas contundentes, de una investigación de dos años, que fue destapada el 29 de junio de 2019, tras la ocupación de 444 paquetes de cocaína clorhidratada, con un peso de 470.35 kilogramos, al realizarse varios allanamientos practicados en el municipio Miches.
El Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de El Seibo, tras condenar a los acusados, decomisó además, seis fusiles, tres pistolas marca Glock (sin registros), así como 434 cápsulas para armas de fuego de diferentes calibres, aparatos electrónicos, 11 vehículos de alta gama, como yip marcas Ford, Brute, camionetas Nissan, Volkswagen, jet ski, motores fuera borda, four whell, dinero en efectivo e inmovilizado con sus intereses acumulados. De igual manera, cinco inmuebles suntuosos, en zonas exclusivas de Santo Domingo y El Seibo.
Por su parte, la magistrada Ramona Nova, titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, manifestó que la condena es una demostración de la lucha campal contra el lavado de activos a través del narcotráfico, enfatizando en el desmantelamiento de la estructura criminal, decomiso de bienes y destrucción de altas cantidades de drogas.
Los fiscales litigantes fueron por parte de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Manuel Santiago Castro Lora, procurador general de Corte, y José Manuel Calzado, fiscalizador, conjuntamente con Atahualpa Yucet Brito, procuradora fiscal de El Seibo.
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