La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional dispuso el pago de una garantía económica de 500 mil pesos como medida de coerción contra Julio Enrique Domínguez y Antonio José Paredes Elizondo, imputados en el caso “Desfalco Ministerio de Agricultura”.
La jueza Lisa Veras ordenó, además, que los imputados cumplan con presentación periódica e impedimento de salida del país sin autorización judicial.
Sobre la citada decisión judicial el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, señaló que:
“El compromiso de este Ministerio Público es perseguir la corrupción en cualquiera de sus manifestaciones, e independientemente de este tipo de decisiones seguiremos haciendo nuestro trabajo, seguiremos persiguiendo la corrupción, sin importar si se trata de montos pequeños, montos medianos o montos grandes”. Estas declaraciones fueron rendidas a su salida del tribunal donde se conoció la solicitud de medida de coerción del citado caso “Desfalco Ministerio de Agricultura”.
Camacho resaltó que el órgano acusador continuará asumiendo el compromiso de perseguir, investigar y llevar a los tribunales a todo aquel que sustraiga dinero del erario, “no importa si es un pesos o 100 millones de dólares”.
En ese sentido, Camacho agregó: nuestra responsabilidad es perseguir la corrupción, nuestra responsabilidad es que no haya impunidad y nuestro compromiso es que no se envíe el mensaje social de que quien roba poco le va a pasar muy poco o no le va a pasar nada”.
Al ser cuestionado sobre cuáles pruebas presentó el Ministerio Público ante el tribunal, el procurador adjunto afirmó que además de la admisión de los imputados, fueron presentados los testimonios de personas que recibieron transferencias de dinero que luego regresaron al principal imputado de este proceso, así como todas las evidencias que fueron encontradas durante los allanamientos, documentación financiera que fueron obtenidas con autorización judicial. “El Ministerio Público presentó ante el tribunal más de 100 medios de pruebas, que fueron las que llevaron a los imputados a la admisión de los hechos”.
Camacho resaltó además la falta de arraigo de los imputados lo que debió implicar la imposición de medida de coerción diferente a la impuesta, siendo idónea la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público.
Además del titular de la Pepca, el órgano acusador estuvo representado por los fiscales Ernesto Guzmán Alberto, Yoneiby González y Aurelio Valdez.
El Ministerio Público presentó pruebas que vinculan a Domínguez Solano en la comisión de los delitos de coalición de funcionarios, desfalco, usurpación de funciones y asociación de malhechores.
También, de violación a los artículos 5, 6 y 14 de la Ley número 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como el 66 de la Ley núm. 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
En tanto, Antonio José Paredes Elizondo enfrenta cargos por violación al artículo 146, numeral 1, de la Constitución de República; artículos 123, 124, 171 y 172 del Código Penal. Además, por coautoría en las conductas delictivas tipificadas en los artículos 5, 6 y 14 de la Ley número 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
