Los abogados del exministro administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta expresaron preocupación por el mantenimiento en prisión de su cliente e insisten que se trata de una medida arbitraria, violatoria a los mandatos legales.

Santiago Rodríguez, Chanel Liranzo y Emily Rodríguez argumentan que la medida de enviarlo a prisión por 18 meses fue tomada de forma arbitraria, ya que las resoluciones de los jueces se basaron, presuntamente, en delaciones premiadas.



Expresaron que la resolución que lo envía a prisión carece de la debida motivación en hecho y derecho, como ordena la ley.

Enfatizaron que la motivación es un requisito fundamental para la validez de cualquier sentencia o decisión jurisdiccional.



En este sentido, el doctor Santiago Rodríguez sostiene que, al no contar con este elemento esencial, se justifica la arbitrariedad de su la prisión, lo que lleva a cuestionar la legalidad de su detención.

El togado considera que el tribunal que conoció el recurso de habeas corpus debió ordenar su liberación inmediata.

Rodríguez explica que la motivación consiste en la explicación dada por el juzgador sobre las razones que sustentan su decisión.

En el caso de Peralta, dice que se evidencia una ausencia absoluta de motivación en las resoluciones tanto del tribunal que rechazó el hábeas corpus como del juez de la instrucción que ordenó la prisión preventiva.

Plantea que estas resoluciones se basaron en la figura de la «peligrosidad procesal», una fórmula que, según los abogados, debe ser debidamente explicada y fundamentada.

Rodríguez enfatiza que simplemente declarar que una persona podría constituir un peligro para la investigación no es suficiente para justificar su encarcelamiento.

El jurista precisa que es necesario proporcionar una razón objetiva que demuestre por qué esa persona en libertad representaría una amenaza para la investigación, y en ambos casos, esta explicación no se encuentra presente.

Mientras que Emely Rodríguez, también parte de la defensa del exministro, señaló que uno de los puntos en los que se apoyaron para presentar el recurso de habeas corpus fue que el pasado 4 de julio se vencían los tres meses de prisión preventiva que pesaban sobre Peralta.

Sin embargo, dice que el Segundo Juzgado de la Instrucción decidió dejar sin efecto la revisión obligatoria por dos meses más, sin permitir que el juez verifique que el caso se sustenta en delaciones premiadas que no están verificadas por otros elementos de pruebas. Dice que situación se suma a otros hechos.