El presidente del PRM en la provincia La Vega y actual diputado por esa demarcación, Agustin Burgos Tejada, rechazó este domingo emitir opinión sobre el caso que atañe a su colega del Congreso, la diputada Amalia Pilarte, a quien la Comisión Nacional de Elecciones (CNEI) del Partido Revolucionario Moderno rechazó su inscripción como precandidata al cargo por la acusación del Ministerio Público de que lavó dinero producto del narcotráfico.
Diario Libre visitó la referida provincia en busca de reacciones de dirigentes del partido de gobierno sobre la situación de la legisladora que está siendo acusada por el Ministerio Público de tener vínculos con sectores del narcotráfico.
«Prefiero, por asuntos de solidaridad y delicadeza, no opinar sobre esa decisión, me abstengo de opinar sobre esa situación», expresó el legislador.
La inscripción de la precandidatura a la reelección como diputada por la Circunscripción 1 fue rechazada por el partido, luego de que se hiciera público que será procesada por narcolavado en la Suprema Corte de Justicia SCJ), instancia de privilegio debido a su fuero parlamentario.
La resolución del rechazo expresaba de manera escrita, que las causas eran porque hay un proceso abierto contra la señalada, “Nuestra organización en su accionar procura llevar en sus boletas electorales a cargos de elección popular a hombres y mujeres que no tengan procesos abiertos vinculados a delitos e infracciones de tipos penales”.
Opiniones encontradas
Diario Libre consultó a personas en las calles del centro de la ciudad de La Vega y hasta al sacerdote que ofrecía la misa dominical en la catedral Inmaculada Concepción, y las opiniones expresadas fueron diversas, sin embargo, coinciden en que los cargos deben ser probados y que hay presunción de inocencia hasta tanto eso suceda en un tribunal.
«El narcotráfico es como un cáncer que va dañando la sociedad, por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de elegir cualquier candidato que tenga una vinculación fuerte en esos temas, pero que sean casos probados que no sean simplemente especulaciones y rumores», expresó Arsenio Ferrerira, formador seminarista de Santo Tomás de Aquino.
«Yo me imagino que tiene que ser investigada, porque no son pocos millones los que se mientan, no son cien pesos…yo la conozco desde hace mucho tiempo no sabía que era de esa clase de personas, yo trabajaba en un sitio que ella iba a darse masajes y siempre me daba propinas, andaba con cuatro guardaespaldas», dijo Carmelo Cerda, motoconcho de La Vega.
«Entiendo que una persona que la están acusando, pero que no tiene todavía una condena, me imagino que puede aspirar a un cargo…. pero yo no voy a votar por ella», opinó José Rafael Olivo.
En las calles del centro de la ciudad de La Vega se observaron algunas vallas publicitarias, dónde se visualiza la diputada Amalia y a su hijo José Miguel, quien aspira a regidor.
La diputada figura como imputada en el expediente contra su esposo, Miguel Arturo López Florencio (Miky López), y sus dos hijos, Ada María Pilarte y José Antonio Román.
Miky López, según la acusación, lideraba una organización criminal de narcotráfico que movió más de RD$2 mil millones entre los años 2007 y 2019, parte de cuyo monto la diputada habría ayudado a «lavar» en el sistema financiero.
