Nicaragua canceló el miércoles la personalidad jurídica a la Compañía de Jesús, con lo que todos sus bienes pasan al Estado, una semana después de confiscarle una universidad por acusaciones de «terrorismo».
En una nueva acción contra la Iglesia Católica, una resolución del ministerio de Gobernación (Interior) privó de personalidad jurídica a la orden jesuita, argumentando que estaba en «incumplimiento con sus obligaciones».
La resolución dice que los jesuitas no reportaron sus estados financieros entre 2020 y 2022, ni los detalles de ingresos y egresos, además de que «tenían su junta directiva vencida desde el 27 de marzo de 2020».
El gobierno del presidente Daniel Ortega mantiene una conflictiva relación con la Iglesia católica y varios religiosos han sido conminados a abandonar el país o han sido acusados en tribunales.
La resolución firmada por la ministra María Amelia Coronel Kinloch y publicada en el diario oficial La Gaceta, señala que con los incumplimientos a la ley, la directiva de la Compañía de Jesús «obstaculiza el control y vigilancia» por parte de las autoridades.
Además, afirma que la orden religiosa no promueve «políticas de transparencia en el control y manejo de la asociación» ni de la revisión de las mismas por las autoridades.
Hace una semana, la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) suspendió sus actividades luego de que un tribunal de Managua ordenara la confiscación de sus bienes y fondos, tras acusarla de ser un «centro de terrorismo».
Al menos dos colegios pagados en Managua, el Loyola y el Centroamérica, eran manejados por la Compañía de Jesús, la misma orden a la que pertenece el papa Francisco.
Además, los jesuitas gestionaban varias escuelas gratuitas o de bajo costo en el país.
Los bienes muebles e inmuebles de la orden pasan a manos del Estado de conformidad con el reglamento de la ley 1115, que regula el funcionamiento de las asociaciones, según la resolución.
