A pesar del rechazo de algunos partidos políticos al comunicado de admonición de la Junta Central Electoral (JCE) que prohíbe el proselitismo, el órgano electoral aprobó el lunes la resolución 53-23 que reitera a las organizaciones abstenerse de realizar mítines, marchas, caravanas y divulgación de propaganda electoral o, de lo contrario, serán sancionados.
De acuerdo con el artículo 308 de la disposición, serán sancionados al pago de doscientos (200) salarios mínimos las organizaciones políticas, los candidatos y candidatas, sus representantes o jefes de campaña, que organizaren manifestaciones, mítines a reuniones públicas antes del inicio formal de la campaña electoral proclamada por la Junta Central Electoral y después del cierre de esta.
El órgano electoral accedió a la solicitud de los partidos en relación a los numerales 4, 6 y 7 del mismo artículo que tratan sobre la divulgación de mensajes a través de diferentes medios, como teléfonos, internet y redes sociales, así como la promoción política a través de mensajes publicitarios.
Esto significa que las restricciones relativas a la publicidad en espacios públicos, como la pintura de calles y colocación de afiches, vallas y otros medios de propaganda, permanecerán en vigencia. Se enfatiza que estas restricciones no se aplican en los locales de los partidos o movimientos políticos.
Hace tres días expiró el plazo de 15 días otorgado por la JCE para que los partidos retiraran la publicidad que infringía las leyes electorales. En esta resolución, no se contempla una extensión de este plazo, lo que podría generar tensiones adicionales entre el órgano electoral y los partidos de oposición.
Se recuerda que los partidos Fuerza del Pueblo (FP), de la Liberación Dominicana y Revolucionario Dominicano (PRD) reiteraron a la Junta Central desestimar el Comunicado de Admonición, mediante el cual prohibió a los movimientos, agrupaciones y partidos políticos la celebración de mítines, marchas, caravanas y divulgación de propaganda electoral.
“Ratificamos nuestra posición entregada de manera formal en fecha del 14 de agosto del 2023; en virtud de que las prohibiciones contenidas en el comunicado a todas luces vulneran derechos fundamentales y desconoce, por completo, decisiones que han emitido el Tribunal Superior Administrativo y el Tribunal Constitucional”, dice la instancia sometida mediante la Secretaría General por los delegados Político de la FP, Manuel Crespo; PLD, José Ramón (Monchi) Fadul y del PRD, José Pérez Volquez.
