El equipo legal del exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, anunció que recusará a Patricia Padilla, por violación flagrante y reiterada de los derechos de Peralta, que comprometen su imparcialidad en el proceso.
El propósito de la recusación es que sea sustituida con juez de control en el caso de su defendido, quien guarda 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción.
Además, presentará una denuncia ante el Consejo del Poder Judicial, a fin de que se inicie en contra de la también jueza del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional un proceso disciplinario por la comisión de faltas graves en el caso de su defendido.
El anuncio fue hecho en conferencia de prensa por los abogados Santiago Rodríguez, Pedro Balbuena, Emery Rodríguez y Chanel Liranzo.
Plantearon que desde el día del arresto de Peralta y de la posterior imposición de 18 meses de prisión preventiva, han sostenido se trata de una medida arbitraria, irrazonable y contraria a derecho, que con lo aportado por el órgano de investigación en su contra no debió ni siquiera ser arrestado ni ser parte del proceso que injustamente se sigue en su contra.
Pero lo sucedido el pasado viernes con la decisión de la jueza Patricia Padilla, agregaron, desborda cualquier noción de arbitrariedad e ilegalidad. Procedamos a explicar en detalle las razones de esta afirmación.
Precisaron que el 14 de agosto, interpusimos ante la jueza Padilla un recurso de «revisión a solicitud de parte» de la prisión preventiva impuesta contra José Ramón Peralta. Esto al amparo de los artículos 239 y 240 del Código Procesal Penal (CPP).
Indicaron que el artículo 240 del CPP, el tribunal apoderado tenía la obligación de fijar audiencia para conocer la solicitud, en un plazo de 48 horas, pero que dicha audiencia no fue fijada.
Observaron que, si bien es cierto que el hecho de no fijar audiencia era en sí mismo, una omisión grave, mucho más grave es lo que sucedió después.
En ese sentido los abogados de Peralta dijeron: “El día primero de septiembre se nos notificó la resolución mediante la que se «rechaza» nuestra solicitud de revisión, sin que el solicitante y sus abogados fueran convocados y, mucho menos, escuchados”.
Agregaron: “Peor aún, la misma resolución decidió la «revisión a solicitud de parte» sin fijar audiencia, dispuso que la «revisión obligatoria» de la medida de coerción, prevista para el pasado día primero de septiembre, no se conocería ese día sino el día 28 de noviembre de 2023 es decir tres meses después de lo previsto según la Ley”.
Llamaron a la atención de que, de confirmarse la decisión de la magistrada, “el señor José Ramon Peralta, estaría 9 meses sin que un tribunal haya conocido regularmente la revisión de su prisión preventiva, que, según el CPP debe producirse de manera obligatoria cada 3 meses; y a solicitud de parte, en cualquier momento”.
Afirmaron que, con esa decisión, la jueza Padilla, violenta los más elementales derechos de José Ramon Peralta, relacionados con el debido proceso y la tutela judicial efectiva.
“Afirmamos que, con su decisión, la jueza ingresó en el terreno, de la falta dolosa de la parcialidad y de la prevaricación. La gravedad de estas cuestiones, la inhabilitan para continuar siendo la Juez Control en el caso de José Ramón Peralta”, expresaron.
“Aprovechamos para reiterar que José Ramon Peralta, siempre ha estado en disposición de rendir cuentas por sus actuaciones en su paso por la Administración Pública. Llamamos, al mismo tiempo, a la sociedad dominicana a mantenerse vigilante, porque la injusticia cometida contra una persona, es siempre una amenaza para toda la sociedad”, agregaron.
