La Fiscalía de Santiago depositó ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente la solicitud para que se imponga la prisión preventiva y se declare de tramitación compleja el proceso contra nueve integrantes de una importante estructura criminal que se dedicaba al tráfico armas de fuego.
Durante allanamientos simultáneos en los municipios Licey al Medio, en Santiago, y la parte baja de Moca, en Espaillat, fueron detenidos Hornandys Emmanuel Cruz Almonte, Samuel Ramón Guaba Caraballo, Sixto Rosario, Rosalba María Estrella, César Emilio Toribio Vázquez, Marcos Diplán Diplán, Jayro Diplán Guzmán, Félix Francisco Vázquez Peralta y Valentín de Jesús Caraballo Guzmán, quienes comercializaban ilegalmente armas de fuego de alto calibre y automáticas, luego de adquirirlas en Estados Unidos e introducirlas al país de contrabando, a través de las compañías de envío o Shipping.
Esta nueva operación contra la criminalidad se ha estado desarrollando desde hace más de un año a través de múltiples estrategias e inteligencia que incluyeron la vigilancia física y electrónica, el rastreo y análisis de audios de interceptación de llamadas, entre otras diligencias.
Aunque en sus actividades criminales los imputados se movilizaban por todo el territorio dominicano, su centro de operaciones era el Cibao, específicamente el municipio Licey al Medio.
En los allanamientos participaron más de 10 fiscales del Ministerio Público en Santiago, miembros de la División Especial de Investigación del Crimen Organizado Internacional (DEICROI) y otras fuerzas especiales como equipo SWAT de la Policía Nacional, y la cooperación internacional del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.
En la intervención se le ocupó a la estructura criminal unas 18 pistolas automáticas y de alta potencia, en su gran mayoría tipo Glock 9 milímetros; tres revólveres y dos escopetas; así también alrededor de $700,000.00 en efectivo, vehículos y equipos electrónicos.
Además, se incautaron de varios tanques con caletas o doble fondo, los cuales eran utilizados para transportar las armas ilegales.
La permanente vigilancia electrónica a estos criminales permitió identificar a los miembros de sus familias pertenecientes a la red y las viviendas utilizadas para almacenar las armas.
La Fiscalía presentó contra los procesados en el caso cargos provisionales por violación al artículo 68 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, en la categoría de traficantes y por lavado de activos.
