El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), advirtió hoy que desde el Palacio Nacional se orquesta un plan para llevar al Tribunal Contitucional jueces prohaitianos, tirando por las bordas todas las conquistas logradas por el alto tribunal.
El presidente del CARD, Miguel Surun Hernández, denunció que desde el gobierno se urde un plan para manipular la designación de jueces, mediante la modificación del reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura, que entre otras cosas aceleraría la escogencia de los integrantes de Altas Cortes, añadiendo una etapa clandestina de exclusión de más del 90% de los aspirantes, en franca violación al artículo 18 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, y a la Constitución, según denuncia el presidente de ese gremio Miguel Surun Hernández.
Surun Hernández, señaló que la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura y la Constitución dominicana, consagran la obligatoriedad de vista públicas para todos los aspirantes, no para unos cuantos dichoso.
“Con dicha medida se pretende crear un grupo élite de seleccionados, que son los únicos afortunados en ser entrevistados, con el propósito de legitimar un determinado perfil de jueces afines a la ideología de género, pro haitiano, y pro empresarial afines con sectores poderosos del gobierno” enfatizó Surun Hernández.
Afirmó que se pretende es lograr mediante sentencia del nuevo Tribunal Constitucional la derogación de la Sentencia TC 168/13, para otorgar la nacionalidad dominicana a los hijos de haitianos nacidos en la Republica Dominicana; además de legalizar el aborto, el matrimonio de personas del mismo sexto, y la ideología de género, por decisión del máximo órgano constitucional.
El jurista también reveló que se pretende derogar las jurisprudencias emitidas en favor del derecho a prestaciones labores y pensión de los trabajadores, para para favorecer a los empresarios.
«De lo que se trata es de copar ese tribunal tan importante para poblaron de jueces prohaitianos proideología de género, proaborto y proemorsarial. Quieres escoger un Tribunal Constitucional para entregarle el control a sectores prohaitiano y a determinados grupos oligárquico enquistados en Palacio.
Señaló que la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura y la Constitución dominicana, consagran la obligatoriedad de vista públicas para todos los aspirantes, no para unos cuantos dichoso.
“Con dicha medida se pretende crear un grupo élite de seleccionados, que son los únicos afortunados en ser entrevistados, con el propósito de legitimar un determinado perfil de jueces afines a la ideología de género, pro haitiano, y pro empresarial afines con sectores poderosos del gobierno” enfatizó Surun Hernández.
Afirmó que se pretende es lograr mediante sentencia del nuevo Tribunal Constitucional la derogación de la Sentencia TC 168/13, para otorgar la nacionalidad dominicana a los hijos de haitianos nacidos en la Republica Dominicana; además de legalizar el aborto, el matrimonio de personas del mismo sexto, y la ideología de género, por decisión del máximo órgano constitucional.
El jurista también reveló que se pretende derogar las jurisprudencias emitidas en favor del derecho a prestaciones labores y pensión de los trabajadores, para para favorecer a los empresarios.
“Nos encontramos en presencia de un peligroso atentado institucional contra el más poderoso órgano de justicia de la Republica Dominicana, que ostenta la facultad de derogar y modificas leyes y hasta la constitución, que sectores empresariales, políticos, ideológicos e internacionales pretenden cooptar mediante la selección clandestina de jueces fanáticos pro haitianos y de las satánicas ideologías de género y el aborto, lo que implicaría la destrucción no solo de la institucionalidad, sino de nuestra nacionalidad”.
Surun Hernández dijo que en medio de la crisis de una frontera insegura y militarizada, con un país ahogado de indocumentadoshaitianos, con los hospitales repletos de parturientas haitianas, y en medio de un proceso electoral, no es razonable, ni prudente, iniciar un proceso ilegal y clandestino de selección de jueces del máximo tribunal del país, por lo que reiteró su oposición a dicha modificación porque además dicho proceso de selección, debe ser realizado posteriormente a las elecciones del 2024, para que las pasiones políticas, económicas e ideología de genero no afecten y contaminen la legitimidad del proceso.
