Para el año 2021, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) señalaba que la mortalidad neonatal en la República Dominicana, estimada en ese momento en un 19.4 por cada 1,000 nacidos vivos, era superior a la media en América Latina. Esto a pesar de reconocer que el país contaba con un ingreso medio y una elevada cobertura de control prenatal (98.9%) y de parto institucional (97.5%).
De acuerdo con el Servicio Nacional de Salud (SNS), en el primer trimestre de este año 2023, la tasa nacional de mortalidad neonatal fue de un 17.4%, lo que según explicó su director el doctor Mario Lama, refleja el resultado de las políticas de la institución y sus esfuerzos para reducir esas cifras que, en el año 2022, eran de un 20.6%.
Desde el 3 de enero del 2022 hasta el 23 de enero del 2023, el SNS registró 2,982 muertes “infantiles”, según detalla un trabajo periodístico del Listín Diario publicado el 18 de abril del presente año bajo la firma del periodista Sauro Scalella.
En febrero de este año, un mes de tan solo 28 días, la muerte de 34 niños en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas, según SNS y la dirección del centro hospitalario por “un brote infeccioso”, activaba las alarmas de una crisis de salud, como acertadamente titulaba el trabajo de Scalella.
Que, en un país con esos increíbles datos, de los cuales conviene dudar que en realidad reflejan la totalidad de las cifras dado, como pudimos ver en un trabajo realizado por Nuria Piera a la manipulación de registros, así como la ausencia de las cifras exactas de las muertes de neonatos que se dan a nivel privado, tal vez, o sin tal vez, lo más normal resultaría ser que un día cualquiera se mueren 6 niños.
Ahora bien, que esos 6 niños hayan sido encontrados por un empleado del cementerio a las 6:30 de la mañana, envueltos en fundas y tirados como si tal cosa en la puerta del cementerio, reflejan todo un esquema de irresponsabilidades públicas y privadas, de las autoridades de salud, del hospital, de la funeraria involucrada, que empiezan muy alto por allá por el ministerio y el SNS pero que la espada de la justicia dominicana solo ha podido alcanzar hasta la parte más vulnerable y fina de la soga. Y, por qué no, la que menos responsabilidad tiene en el proceso: el chófer de una funeraria y un “Zacatecas” no oficial del cementerio apodado el “Grillo”. Sí, no se rían, así es. Un “Zacatecas” no oficial pues, según la dirección del camposanto, este trabaja no para el ayuntamiento sino para la funeraria, dentro del ayuntamiento. ¡Vaya perla!
Así las cosas, un mes de prisión preventiva para dos infelices por, según el Ministerio Público, asociación de malhechores y profanación de cadáveres de neonatos. Mientras tanto, en la dirección del cementerio Cristo Salvador, del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, el dueño de la funeraria, la dirección del hospital, el Servicio Nacional de Salud (SNS) y el Ministerio de Salud Pública, todos y todas, ¡bien gracias!
A nadie en el Ministerio Público, ni tampoco al juez que dictó sentencia, les preocupó hacerse algunas preguntas que establezcan las debidas responsabilidades de las instituciones, negocios y autoridades involucradas, y que a todas luces refleja un modus operandi “institucionalizado” como normal y del que nos hemos dado cuenta tan solo porque el “Grillo” estaba bebiendo y, como afirmó él mismo, “borró con eso”.
- ¿Cuál es el protocolo para enterrar dignamente a un neonato que muera en cualquier hospital o maternidad de este país?
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Por concepto de servicios funerarios de esa naturaleza, ¿a cuánto asciende la suma que el Estado, a través del hospital, paga a la Funeraria Popular?
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Una vez recibido los cadáveres por la funeraria, que asumo el acuerdo debe incluir el uso de ataúdes para el entierro digno, el protocolo ¿es meterlos en una funda o dejarlos en la misma funda en la que los entregó el hospital?
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¿En qué condiciones se entierran los neonatos en el cementerio?
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¿En una fosa común?
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¿De manera individual?
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¿En nichos?
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¿Con o sin lápidas?
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¿Cuánto cobra la administración del cementerio en el proceso?
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¿Quiénes se son los beneficiarios últimos de este maldito desorden?
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¿Podemos hablar de justicia verdadera cuando su espada solo llega hasta los infelices y se detiene, como afirmaba Balaguer de la corrupción, en las puertas de los despachos?
Y si no podemos hablar de justicia verdadera, como evidentemente no podemos, aún menos de institucionalidad cuando el funcionariado no es capaz de asumir ninguna responsabilidad y pagar las consecuencias. Si no con la cárcel como en el caso de el “Grillo” y el chofer, al menos con la destitución del cargo si no tiene la suficiente dignidad y vergüenza como para renunciar por su cuenta.
¡Vamos lejos en el camino de las barbaridades que ni siquiera se dieron en Macondo!
Por Neo Carmona: El autor es servidor universitario
