La Corte Suprema de Japón declaró este miércoles que es «inconstitucional» la obligación legal de esterilizar a las personas transgénero para oficializar su cambio de sexo en los registros de identificación civil.
La obligación de una esterilización impone «graves restricciones» a la vida de una persona y «limita el derecho de las personas a que no se interfiera con su cuerpo en contra de su voluntad», indicó la máxima jurisdicción en un pronunciamiento muy esperado.
En Japón, una ley de hace dos décadas exige que las personas transgénero que soliciten un cambio legal de su identidad deben renunciar a su capacidad reproductiva, lo que equivale a una esterilización.
Además la ley exige que no estén casadas ni tengan hijos menores y que hayan recibido un diagnóstico de «disforia de género».
En el mundo sólo un puñado de países permiten a las personas transgénero cambiar su identidad con una simple declaración, incluyendo Argentina, Chile, Dinamarca, Bélgica, España, Irlanda y Luxemburgo, entre otros.
En Japón los activistas afirman que las condiciones impuestas por la ley obligan a las personas a someterse a procedimientos médicos muy invasivos, largos y que conllevan riesgos.
«El procedimiento para cambiar el género reconocido por la ley requiere una cirugía de esterilización y un diagnóstico psiquiátrico anticuado que es anacrónico, perjudicial y discriminatorio», indicó la oenegé Human Rights Watch en un reporte de 2019.
El pronunciamiento de la Corte Suprema se produjo después de que una mujer trans pidió ser inscrita legalmente como mujer en el registro civil sin someterse a una operación, afirmando que la esterilización obligatoria «es una grave violación de los derechos humanos y es inconstitucional».
Su demanda fue rechazada por un tribunal inferior y también fue denegada en la apelación ante una jurisdicción superior, antes de llegar al Tribunal Supremo.
