Atendiendo a la invariabilidad de los presupuestos que dieron origen a la medida de coerción, el juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago de los Caballeros, acogió la solicitud de la Fiscalía de Santiago y ratificó la prisión preventiva a los seis hombres imputados de matar a tiros a un niño de 9 años de edad que transitaba junto a su familia, a bordo de un vehículo por la Circunvalación Norte, luego de arribar al país desde el extranjero, el pasado 19 del mes de abril.
La decisión del juez Julio Araújo, que confirma la prisión preventiva durante 12 meses dictada en contra de los procesados el pasado 5 de mayo, es proporcional a la gravedad de los hechos cometidos por los imputados quienes se asociaron para cometer homicidio y robar sus pertenencias a los parientes de la víctima menor de edad de iniciales G.L.F.C.
Por decisión del juzgador, Tomás Peña Morel, Derlyn Javier Mercado Martínez, César Junior Ulloa Cuevas, Luis Ángel Vargas Brito, José Manuel Almonte Santana, y Elián Martínez Sánchez, continuarán guardando prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres de Santiago, en tanto que avanza la investigación del caso que también fue declarado de tramitación compleja.
La Fiscalía de Santiago, representada por la fiscal litigante, Martha González, mostró evidencias de que ha robustecido su investigación y se prepara para, en tiempo prudente, presentar acusación formal contra el grupo criminal.
Este órgano persecutor reiteró al tribunal que todos los imputados tuvieron una participación activa y determinante en la comisión del crimen, por lo que valora que se haya ratificado la medida de coerción.
Previo a la comisión del crimen, los imputados orquestaron darle seguimiento a la llegada al país del padre del menor muerto, la también víctima Sergio Luis Féliz Mancebo, a fin de darle persecución y muerte, y despojarlo de sus pertenencias.
Contra los imputados la Fiscalía presentó cargos provisionales tipificados y sancionados en los artículos 265, 266, 2, 379, 382, 386-2, 295 y 304 del Código Penal Dominicano, que contemplan sanciones contra la asociación de malhechores, homicidio y robo agravado, este último en grado de tentativa.
También, se le atribuye al grupo criminal la violación a la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, por el uso del arma con la que se arrebató la vida a la víctima menor de edad.
