Amaury Mo 
La directora de Persecución de la Procuraduría General de la República, Yeni Berenice Reynoso, mostró su respaldo a la creación de un Ministerio de Justicia, pero dijo que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) debe permanecer bajo dependencia del Ministerio Público.
Así lo establece un comunicado de la Cámara de Diputados difundido este miércoles, en el que se revela la reunión de la magistrada con la Comisión Permanente de Justicia de ese hemiciclo.
Reynoso, agregó la información, pasó revista a varios proyectos de ley que estudia la Comisión, que buscan fortalecer la lucha contra la corrupción y la persecución del crimen organizado.
La magistrada resaltó la importancia de crear el Ministerio de Justicia, propuesta del Poder Ejecutivo, y consideró que este proyecto toca aspectos esenciales de lo que han sido por décadas funciones del Ministerio Público.
Sin embargo, afirmó que la Procuraduría no está de acuerdo conque el Inacif pase a ser una dependencia del Ministerio de Justicia.
«Yo quisiera que entendiéramos qué significa y qué implica el Inacif, una institución que no ha tenido un desempeño que haya tenido cuestionamientos, de hecho las defensas, cuando solicitan contraperitaje quieren que por lo general lo realicen los propios peritos del Inacif», explicó la exfiscal del Distrito Nacional.
Reynoso afirmó que toda la droga que se incauta en el país va al Inacif, así como los estudios de balísticas, las autopsias, las certificaciones de violaciones sexuales, los golpes y heridas y todo lo que tenga que ver con las falsificaciones.
«Cuando estamos analizando si es suicidio u homicidio, si el Inacif dijo que es suicidio no hay caso (acusación). Nosotros entendemos que no es aconsejable en estos momento pasar el órgano central de las investigaciones forenses a un órgano que es eminentemente político como sería el Ministerio de Justicia», recalcó.
Por otra parte, dado el incremento de los fraudes inmobiliarios, los diputados y la magistrada Reynoso plantearon la «necesidad de modificar» la Ley 58-69, que castiga con prisión correccional y multas a las personas que sin permiso del dueño se introduzcan en propiedades inmobiliarias urbanas o rurales.
«Pongan en nuestras manos herramientas jurídicas con las que nosotros podamos trabajar en la tutela del derecho de propiedad, para reducir los delitos inmobiliarios y los desalojos forzosos», demandó Reynoso.
De su lado, el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Alexis Jimenez, expresó que los diputados siempre han estado en la mejor disposición de trabajar de la mano de la Procuraduría General de la República.
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