El senador y vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Yván Lorenzo, informó este martes que apoderó al pleno del Senado de la República, para que se investigue en qué fueron invertidos 140 millones de dólares que se aprobaron en el Congreso en el 2022 y que iban destinados al mantenimiento de las infraestructuras viales.

Esta petición surgió a propósito de lo ocurrido el pasado sábado donde una pared en el paso a desnivel de la 27 de febrero con Máximo Gómez colapsó y cobró la vida de varias personas.



«Nosotros queremos saber a donde fueron a parar los 140 millones de dólares que tomó prestado el gobierno de Luis Abinader, para el mantenimiento de las infraestructuras viales en la República Dominicana», indicó el senador.

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Asimismo, señaló que ya se había denunciado el deterioro que presentan las obras a nivel nacional y que no se han tomado las medidas pertinentes para la reparación de las mismas.



El representante de la provincia Elías Piña, también criticó a las autoridades del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) quienes de acuerdo a su criterio minimizaron el alcance que tendría el disturbio atmosférico a su paso por el país.

«Nosotros vimos como el COE el viernes en la noche había desmentido que las 32 provincias estaban en alerta, que era mentira que el Distrito Nacional estaba en alerta y nunca le prestaron atención a las informaciones del Centro de Huracanes de Miami», agregó.

Yván Lorenzo, dijo además que sobre lo sucedido en la 27 de febrero se deben establecer consecuencias.

De su lado, el diputado del partido Fuerza del Pueblo (FP), Rafael Castillo, manifestó que lo ocurrido el pasado sábado pudo evitarse, tomando en cuenta que de acuerdo con el gobierno en estos tres años de gestión se han realizado 21 reparaciones a las infraestructuras en el país.

«Eso quiere decir que hoy debiera estar preso el ministro y la compañía que está dando mantenimiento, si han checado el túnel y en 23 operaciones no se dieron cuenta que podía tener ese defecto de lo que pasó, hoy esa compañía y el ministro deben ser interrogado por la Procuraduría General de la República», declaró Castillo.