La Fiscal General de Perú, Patricia Benavides, denunció este lunes ante el Congreso a la presidenta Dina Boluarte por el presunto delito de homicidio como responsable de la represión a las protestas en su contra que dejaron más de 50 muertes tras su llegada al poder.
«Informo que he formulado denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra Dina Boluarte, presidenta de la República, y Luis Alberto Otárola», el primer ministro, dijo Benavides en una declaración por televisión.
La acusación, que podría conducir a la destitución de la presidenta, se produce en momentos en que la fiscal enfrenta graves cuestionamientos internos a su gestión con pedidos de renuncia hechos por altos magistrados del Ministerio Público.
«No se debe permitir la muerte de ningún peruana ni peruano, así como tampoco el abuso de poder», agregó Benavides, quien también denunció que colegas suyos buscan dañar su imagen de honestidad.
La denuncia contra Boluarte se activó luego de que Benavides fuera acusada por una fiscal de encabezar una presunta red criminal enquistada en la cúpula de la fiscalía, desde donde supuestamente ejerció un tráfico de influencias con el Congreso e intercambió favores políticos.
En ese contexto, Benavides ha dicho que no renunciará al cargo.
La fiscalía empezó la investigación contra Boluarte en enero por los presuntos delitos de «genocidio, homicidio calificado y lesiones graves». En septiembre, la gobernante compareció por tercera vez ante fiscales.
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Para que el Congreso apruebe la denuncia contra la presidenta se requiere de un proceso parlamentario que puede durar hasta tres meses.
La represión contra los manifestantes antigubernamentales estalló el pasado siete de diciembre, cuando Boluarte asumió la presidencia y se extendió hasta marzo.
En las protestas murieron 54 personas, incluidos seis soldados que perecieron ahogados en un río cuando intentaban huir de campesinos que los atacaron con piedras en Puno, epicentro de las protestas.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una veintena de las víctimas falleció por impactos de bala disparados por las fuerzas militares enviadas a controlar las manifestaciones.
Boluarte era vicepresidenta de Perú hasta que asumió el poder el 7 de diciembre tras la destitución del izquierdista Pedro Castillo por su frustrado intento de disolver el Congreso, gobernar por decretos y convocar a una Asamblea Constituyente.
Castillo cumple prisión preventiva en Lima, a la espera de que la justicia decida su eventual llamado a juicio.
