El jamaicano Wayne Gardine y el afroestadounidense Jabar Walker quedaron en libertad este lunes tras pasar casi tres décadas y 25 años en la cárcel, respectivamente, por unos delitos que no cometieron.
Ambos de 49 años, Gardine fue condenado por el homicidio en 1996 de Robert Mickens, de 22 años, y Jabar Walker por el doble asesinato en 1998 de William Santana, de 32 años, e Ismael De La Cruz, de 30 años.
Los dos han recobrado la libertad gracias a la presentación de nuevas pruebas exculpatorias recabadas por dos organizaciones benévolas, Innocence Project y Legal Aid Society, que revisan sentencias sospechosas de irregularidades, y la unidad creada por el fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, para revisar condenas firmes.
Tras el hallazgo de nuevas pruebas exculpatorias, el fiscal propuso la anulación de sendas condenas y dos juezas sellaron no solo su libertad sino la anulación de unas sentencias que nunca deberían haberse producido basadas en pruebas deficientes o erróneas presentadas en el momento de sus respectivos juicios.
Ninguno de los dos volverá a ser procesado porque en ninguno de los casos puede probarse «más allá de toda duda razonable», acordó la fiscalía.
Gardine, que tenía 22 años en el momento de su condena, pasó casi tres décadas en prisión antes de quedar en libertad condicional en 2022, pero fue transferido al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) para ser deportado.
La presentación por Legal Aid Society y de la Unidad de Justicia Post-Condena de la fiscalía del testimonio de un segundo testigo, que desmintió la declaración del único testimonio presentado en el juicio, llevó a la jueza Kathryn Paek a anular la sentencia.
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«Las condenas injustas son el colmo de la injusticia», reaccionó Bragg en un comunicado, en el que lamenta que Gardine haya perdido «años de libertad por una condena injusta».
«Estamos eufóricos de que el Sr. Gardine finalmente tenga su nombre limpio de esta condena que lo ha perseguido durante casi tres décadas», dijo por su parte la abogada Lou Fox, quien lamentó que todavía «no sea un hombre libre (porque) se enfrenta a un castigo adicional e injustificado si es deportado», sobre la base de una acusación de que entró al país ilegalmente.
En el caso de Jabar Walker, un testigo clave se retractó de su testimonio en el juicio, al alegar que fue presionado para implicar al acusado. Un segundo testigo aseguró no haber visto a Walker en el lugar de los hechos, lo que llevó a la jueza Miriam Best a anular su condena.
Para Bragg, pese a los «testimonios poco fiables» y una defensa de oficio «poco eficaz», Walker «fue condenado a una pena que podría haberle mantenido en prisión toda su vida».
Según el Registro Nacional de Exoneraciones, desde 1989, se han producido 3.284 anulaciones de sentencias en el país. Solo en 2022 hubo más de 300. La mayoría afectan a ciudadanos latinos y afroamericanos.
