Una de las discusiones estrella de la COP28 son los créditos carbono, una «idea nueva y audaz», en palabras del enviado especial para el clima de Estados Unidos, John Kerry, pero sin una regulación internacional, critican organizaciones ecologistas.
La reglamentación debería precisamente negociarse en Dubái, pero las organizaciones no gubernamentales advierten que detrás puede estar gestándose otra operación de «lavado verde de imagen» («greenwashing»).
Un crédito equivale normalmente a una tonelada de CO2 absorbida gracias a un proyecto destinado, por ejemplo, a evitar la deforestación o permitir la instalación de tecnologías de captura de carbono.
Estados Unidos ha propuesto un «acelerador de transición energética» que engloba planes de «aumento de las capacidades de energías renovables», la «instalación de cables eléctricos» e incluso «cierre de centrales eléctricas de carbón».
Las emisiones de CO2 «evitadas» gracias a estos proyectos podrán generar créditos, que podrán ser utilizados por empresas y potencialmente Estados, para compensar sus propias emisiones.
Amazon, Bank of America, Mastercard, McDonald’s, PepsiCo, Walmart… una decena de empresas compiten por comprar créditos de proyectos en tres países «piloto»: Chile, República Dominicana y Nigeria.
«Esto podría generar decenas de miles de millones de dólares», declaró John Kerry.
Estos créditos, aseguró, serían «de alta calidad» y no «como los que aparecieron en los titulares», en referencia a las investigaciones publicadas en los últimos meses que han cuestionado la eficacia de la gran mayoría de los créditos de carbono que ya están en circulación.
Este anuncio es «una cortina de humo que pretende desviar la atención de la irrisoria contribución de Estados Unidos a la financiación climática», asegura Erika Lennon, abogada del Centro de Derecho Ambiental Internacional (CIEL).
Para responder a las críticas, la administración estadounidense dice que ha trabajado con el Banco Mundial para establecer criterios de calidad.
El BM presentó el viernes un plan para permitir a 15 países en desarrollo acceder al mercado de carbono de aquí a 2028 gracias a la protección de sus bosques, con criterios «exigentes».
Son los proyectos de «crédito carbono» ligados a los bosques originarios los más criticados, por su impacto en las comunidades locales.
– Cientos de proyectos –
La AFP identificó cientos de eventos dedicados a los créditos de carbono en la COP28, con la intervención de numerosas empresas, que quieren seguir comprando créditos para reducir, sobre el papel, su huella de emisiones carbono.
Cada uno intenta así establecer sus propias reglas, lo que ralentiza las negociaciones para un marco regulatorio común, según las ONG.
El Acuerdo de París (2015), en su artículo 6, brinda a los estados la posibilidad de ingresar al mercado de carbono para compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero “comprando” esfuerzos realizados en otros lugares.
También planea una reforma del mercado de créditos de carbono… que no acaba de funcionar desde hace ocho años y que ha provocado prácticas comerciales muy criticadas.
Es una «sensación de déjà vu», advierte la Red de Acción Climática (CAN), que agrupa a cientos de ONG.
«Lo más probable es que el proyecto de acuerdo reduzca las ambiciones que las emisiones de dióxido de carbono», advierte.
La red denuncia la imprecisión del trabajo del futuro organismo de control de la ONU, que no crea «salvaguardias suficientes» para evitar el «greenwashing» y proteger los «derechos humanos» de las poblaciones implicadas.
Sin embargo, la adopción de estas metodologías podría verse acelerada por la impaciencia de los Estados que desean compensar sus emisiones, encabezados por los países productores de petróleo y los desarrollados.
Por otro lado, algunos países en desarrollo también esperan millones o miles de millones para financiar su transición.
El viernes, una decena de países, entre ellos Estados Unidos, Francia, Emiratos, pero también Colombia, Kenia y Senegal, pidieron en la COP28 que la compensación de carbono sea un «complemento» a la reducción de emisiones, así como más transparencia y estándares rigurosos, «para que estos mercados puedan alcanzar su máximo potencial».
