El director del FBI, Christopher Wray, exhortó este martes al Congreso a renovar una ley que permite vigilar a los extranjeros fuera de Estados Unidos para evitar un «desarme unilateral» cuando expire a finales de diciembre.
La llamada Sección 702 de la ley de vigilancia de inteligencia extranjera (FISA por sus siglas en inglés) permite a las agencias de inteligencia tener acceso a comunicaciones de extranjeros en el exterior sin necesidad de una orden judicial.
«Es indispensable» para monitorear a los extranjeros «que representan una amenaza para la seguridad nacional», afirmó Wray ante el comité judicial del Senado.
«Despojar al FBI» de esta herramienta «sería una forma de desarme unilateral», en un momento en el que el nivel de amenaza es «más alto de lo que ha sido en mucho, mucho tiempo», especialmente después del ataque del movimiento islamista palestino Hamás en Israel el 7 de octubre, con una miríada de «terroristas extranjeros» que «llaman a atacar» a Estados Unidos, aseguró.
Se utiliza para combatir el terrorismo, la piratería informática o el tráfico de droga y «ha sido importante en la lucha contra el flagelo del fentanilo», un opiáceo sintético fabricado según Washington por los carteles mexicanos con sustancias procedentes sobre todo de China.
La 702 permite a la Oficina Federal de Investigaciones, la Agencia Central de Inteligencia y la Agencia de Seguridad Nacional realizar vigilancia electrónica, lo que incluye revisar correos electrónicos y mensajes de texto.
Pero algunos congresistas, tanto demócratas como republicanos, son reacios a renovarla porque también puede permitir obtener información de ciudadanos y empresas estadounidenses de forma circunstancial, es decir si contactan con extranjeros vigilados.
Entre los más reticentes destacan algunos republicanos afines al expresidente Donald Trump porque consideran que el FBI está politizado y es parcial.
A principios de este año, un panel independiente del presidente demócrata Joe Biden concluyó que ha habido abusos en el uso de esta herramienta introducida en 2008 y renovada dos veces, pero la consideró demasiado vital para abandonarla.
Grupos de libertades civiles también han pedido restricciones en la forma en la que se usa.
Wray afirma haber introducido reformas.
«Hemos mejorado nuestros sistemas de formación, añadido requisitos de supervisión y aprobación, adoptado nuevas medidas de responsabilidad» y «puesto en marcha una nueva oficina de auditoría interna», enumeró.
Según él los informes desclasificados que han salido a la luz en el último año se refieren a errores anteriores a estas reformas y los datos más recientes muestran que las nuevas medidas se cumplen.
Pero «reconocemos que se trata de un esfuerzo continuo y estamos decididos a trabajar con el Congreso para hacerlo bien» y «proteger la privacidad de los estadounidenses inocentes», les dijo para intentar convencer a los más recalcitrantes.
