La Junta Nacional de Justicia de Perú suspendió la noche del miércoles por seis meses a la fiscal general, Patricia Benavides, quien es investigada por un presunto caso de tráfico de influencias y favores políticos.
«Se dispone la suspensión provisional por seis meses de Patricia Benavides como fiscal suprema del Ministerio Público», indicó un comunicado de la Junta Nacional de Justicia, encargada de nombrar, ratificar y destituir a los jueces y fiscales.
La suspensión de Benavides busca que un procedimiento disciplinario que se le sigue por presuntamente liderar una red criminal se desarrolle de forma normal e «impedir su obstaculización», agregó el comunicado.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, se pronunció hace una semana contra la continuidad en el cargo de la cuestionada fiscal general.
Benavides presentó ante el Congreso el 27 de noviembre, una denuncia donde acusa a Boluarte por el presunto delito de homicidio como responsable de la represión a las protestas contra su gobierno, que dejaron más de 50 muertes tras su llegada al poder hace un año.
La denuncia contra Boluarte se activó luego que Benavides fuera acusada por una fiscal de encabezar una presunta red criminal enquistada en la cúpula de la fiscalía, desde donde supuestamente ejerció un tráfico de influencias con el Congreso e intercambió favores políticos.
La jefa de la fiscalía ha dicho que no renunciará a su cargo, mientras que desde el Congreso algunas voces la defienden e indican que se trata de un complot para frenar investigaciones
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La fiscal era percibida hasta ahora como una aliada de la coalición conservadora del Ejecutivo y el Congreso desde el inicio del actual gobierno.
La acusación contra Boluarte, que puede conducir a la destitución de la presidenta, podría tardar algunas semanas en ser admitida, pero también puede ser usada como elemento de presión en una pugna entre el gobierno y el Congreso.
Boluarte asumió el poder en diciembre del año pasado tras la destitución de Pedro Castillo por su intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto.
Tras su llegada al poder se desataron manifestaciones en las que murieron 54 personas, incluidos seis soldados.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una veintena de las víctimas fallecieron por impactos de bala disparados por las fuerzas militares.
