Los familiares de las víctimas del gobierno de Alberto Fujimori solicitaron el viernes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declarar en desacato a Perú por excarcelar al expresidente condenado a 25 años por crímenes de lesa humanidad, mientras la CIDH advertía del riesgo de impunidad.
«Solicitamos a la Corte Interamericana que emita una resolución donde señale clara y contundentemente que el Estado (peruano) ha desacatado una orden (suya) y que en base a eso emita un informe a la Asamblea General de la OEA», dijo en rueda de prensa Gloria Cano, abogada de los deudos.
La Corte IDH elevó el martes un pedido a Perú para que se abstuviera de excarcelar a Fujimori hasta revisar la legalidad de la decisión del Tribunal Constitucional.
Fujimori, de 85 años y aquejado por dolencias crónicas, dejó la prisión el miércoles por orden de ese tribunal, que le restituyó un indulto de 2017 «por razones humanitarias».
El exmandatario padece un cáncer lingual, fibrilación auricular e hipertensión, entre otras dolencias.
Según la defensora, el indulto es ilegal y la OEA debe evaluar «el incumplimiento peruano» y obligar al gobierno a acatar los fallos de la Corte.
En la rueda de prensa participaron familiares de los casos La Cantuta, Barrios Altos y Pativilca, donde un escuadrón de la muerte del ejército ejecutó a 31 civiles en el marco de la guerra contra la guerrilla Sendero Luminoso.
«Nos sentimos desprotegidos, los familiares no tenemos un sistema de justicia que garantice nuestros derechos, no tenemos un gobierno y Congreso capaces de levantar sus voces por las víctimas», dijo Gisela Ortiz, hermana de uno de los estudiantes asesinados en la matanza de La Cantuta en 1992.
Carmen Amaro, otra familiar de una víctima de La Cantuta, recordó que «lo único que hemos hallado de mi hermano, después de muchos años, es el frasoiugmento de un hueso de codo que solamente es dos centímetros. Es lo único con lo que le hemos podido dar una sepultura con dignidad», declaró a la AFP
El exgobernante, de origen japonés, fue condenado a 25 años de prisión por crímenes contra la humanidad en 2009.
«Para mí, es una ofensa, es una humillación, que el señor (Fujimori) esté afuera, yo exijo que cumpla su condena», dijo a la AFP Gladys Rubina, cuyo hermana murió en la masacre de Barrios Altos en 1992.
– CIDH advierte sobre impunidad –
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió el viernes que el indulto a Fujimori puede desencadenar en un «grave» caso de impunidad, tras rechazar la decisión de la justicia peruana.
Según el organismo «conceder indultos y otras exenciones de responsabilidad a personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad puede generar una forma grave de impunidad».
El Estado peruano actuó en «contravención de las obligaciones internacionales (…) y en incumplimiento de las órdenes emitidas por la Corte IDH», agregó la CIDH.
Fujimori recuperó su libertad tras varios giros en torno a su polémico caso. En 2017 recibió el indulto por razones humanitarias, pero el beneficio fue anulado en 2019 por la Corte Suprema para luego ser restituido en marzo de 2022 por el Tribunal Constitucional.
Cuando el año pasado su excarcelación parecía inminente, la Corte IDH pidió a Perú que se abstuviera de liberar a Fujimori hasta revisar un recurso de familiares de los asesinados por el ejército en los noventa.
Fujimori tiene aún cuentas pendientes con la justicia, donde enfrenta un juicio por la muerte de seis civiles a manos de un escuadrón del ejército en enero de 1992 en el caso conocido como Pativilca. El juicio empezará el 18 de diciembre y la fiscalía ha pedido 25 años de prisión para el exgobernante.
