El tribunal penal del Vaticano condenó el sábado en primera instancia a un cardenal italiano de alto rango a cinco años y medio de prisión por fraude, en un caso relacionado con operaciones financieras de la Santa Sede.
El cardenal Angelo Becciu, de 75 años, exasesor cercano del papa Francisco, fue juzgado junto a otras nueve personas.
Se trata del funcionario de mayor rango de la Iglesia Católica en comparecer ante este tribunal, que imparte la justicia civil de la Ciudad-estado.
Becciu también fue multado con 8.000 euros (8.700 dólares).
La fiscalía vaticana había solicitado una sentencia de siete años y 3 meses de prisión contra el obispo, así como una multa de más de 10.000 euros.
«Respetamos el veredicto, pero ciertamente presentaremos una apelación», dijo Fabio Vignone, abogado del obispo.
En el centro del caso está la compra, por 350 millones de euros (164 millones de dólares), de un edificio de lujo en Londres entre 2014 y 2018, en el marco de las inversiones de la Santa Sede, que cuenta con un patrimonio inmobiliario considerable.
Este caso, con múltiples ramificaciones, pone de nuevo sobre la mesa la opacidad de las finanzas del Vaticano, máxime cuando el papa Francisco ha intentado sanear su funcionamiento desde su elección en 2013.
El pontífice argentino también reformó el sistema judicial para que obispos y cardenales puedan ser juzgados en tribunales laicos, y no solo en instancias religiosas.
El fiscal, Alessandro Diddi, había pedido penas de cárcel de casi cuatro años hasta más de trece, además de sanciones financieras, contra los diez acusados que comparecían por fraude, desvío de fondos, abuso de poder, blanqueo de dinero, corrupción y extorsión.
El cardenal Becciu, exnúmero dos de la Secretaría de Estado, principal órgano del gobierno central de la Santa Sede, conserva su título pero fue destituido de todas sus funciones en septiembre de 2020.
El cardenal, nacido en Cerdeña, siempre mantuvo su inocencia y afirmó que «nunca [había] robado un céntimo». También dijo ser víctima de un «linchamiento mediático». Sus abogados pidieron su absolución.
Por su parte, la Santa Sede — de la que cuatro entidades se constituyeron en parte civil — invitó al tribunal a «castigar todos los delitos», indicó el Secretario de Estado y número dos del Vaticano, el cardenal italiano Pietro Parolin, que consideró la Secretaría de Estado como «la parte agraviada».
– Múltiples intermediarios –
Al término de las 85 vistas de este proceso conocido como el «del inmueble de Londres», los debates sacaron a la luz la opacidad de algunas operaciones financieras de la Santa Sede, con revelaciones sobre escuchas telefónicas y procedimientos opacos a través de una serie de intermediarios.
Entre los momentos destacados del proceso figuran las revelaciones sobre una conversación telefónica de Becciu — a iniciativa suya — con el papa y grabada sin el conocimiento de este, poco antes del juicio, en la que le pedía confirmar que había aprobado movimientos financieros confidenciales.
La instrucción describió un enredo «casi imposible de deshacer» de fondos de inversión especulativos, de bancos, instituciones de crédito, personas físicas y jurídicas.
Esta adquisición, a un precio sobrevalorado, puso en evidencia el uso imprudente del Óbolo de San Pedro, la gran colecta anual de donativos destinados a las acciones caritativas del papa. Igualmente generó pérdidas sustanciales en las finanzas del Vaticano.
La Santa Sede finalmente revendió el edificio de 17.000 m2 situado en el elegante barrio de Chelsea, a costa de grandes pérdidas.
Este caso asestó un duro golpe a la reputación de la Iglesia y del papa Francisco, que multiplicó las reformas para sanear las finanzas del Vaticano y luchar contra el fraude.
Además de la creación de una Secretaría para la Economía en 2014, limitó, desde su elección en 2013, las inversiones y las actividades del Banco del Vaticano, en especial con el cierre de 5.000 cuentas sospechosas.
