Un fiscal antimafia de Ecuador que investigaba el reciente ataque armado a un canal de televisión fue asesinado en Guayaquil, en lo que marca una sangrienta escalada de la guerra que vive el país con las bandas narcocriminales.
El homicidio del fiscal César Suárez, muerto a balazos cuando circulaba con su vehículo por un barrio del puerto del suroeste del país, fue confirmado por la fiscal general Diana Salazar en un video divulgado en X (antes Twitter).
«Ante el asesinato de nuestro compañero César Suárez (…) voy a ser enfática: los grupos de delincuencia organizada, los criminales, los terroristas no detendrán nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana», dijo Salazar.
El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, condenó el asesinato en nombre del gobierno del presidente Daniel Noboa. «Rechazamos toda forma de violencia como respuesta al conflicto que vivimos», dijo en un video compartido a los medios.
«Ratificamos el fuerte compromiso del gobierno nacional en apoyar a las instancias de la administración de justicia», añadió el ministro.
Una responsable de la fiscalía indicó a la AFP que Suárez estaba encargado de determinar qué grupo criminal estuvo detrás de la espectacular toma en plena transmisión de un programa del canal TC el pasado 9 de enero, en plena crisis de violencia en el país.
La camioneta de Suárez tenía varios impactos de bala en la ventana del conductor, según fotografías y videos. Viajaba sin escoltas.
Unidades especializadas de la policía «se encuentran realizando las indagaciones pertinentes para encontrar a los responsables» en el principal puerto del país, centro de operaciones del narcotráfico.
– «Vil» –
Suárez estuvo detrás de investigaciones que destaparon escándalos de corrupción en el sistema hospitalario y realizó otras pesquisas sobre la penetración de las mafias en organismos judiciales.
Una de sus sobrinas, que pidió mantener su nombre en reserva por temor, esperaba el cuerpo fuera de las instalaciones de la autoridad forense.
«Los criminales en este país se están tomando el poder de una manera tan vil, segando la vida de una persona humilde, buena», dijo a la AFP.
La arremetida contra el canal TC fue uno de los primeros actos criminales que sufrió Ecuador tras la fuga del poderoso Adolfo Macías o «Fito», jefe de la principal banda del país, confirmada el 8 de enero.
Aún no es claro quién está detrás de ese hecho, en el que encapuchados amenazaron a los periodistas y otros trabajadores con pistolas, fusiles y granadas.
En la misma semana, reos mantuvieron retenidos a más de 100 funcionarios penitenciarios hasta su liberación, el sábado.
Ante la crisis desatada en ese momento, el presidente Noboa declaró el «conflicto armado interno», tildó a las bandas criminales de «terroristas» y desplegó miles de militares para la «guerra».
El gobierno retomó el control de las prisiones y exhibió imágenes de los reclusos sometidos.
Ecuador fue durante muchos años un país a salvo del narco, pero se ha ido transformando en un nuevo bastión del tráfico de droga hacia Estados Unidos y Europa con bandas enfrentadas por el control del territorio y unidas en su guerra contra el Estado, especialmente Guayaquil por su cercanía al Pacífico.
En los últimos cinco años, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes pasó de 6 a 46 en 2023 y la guerra interna toca fondo como ocurrió en Colombia en el siglo pasado, pero con un ingrediente adicional: las cárceles en llamas.
– Fiscales en la mira –
Los fiscales han estado en la mira de las más de veinte organizaciones criminales que operan en Ecuador.
En junio del año pasado, el fiscal Leonardo Palacios fue asesinado en la localidad de Durán, vecina de Guayaquil.
La fiscal general Salazar ha denunciado amenazas de muerte por parte de Los Lobos, una de las principales bandas delictivas.
Semanas antes del ataque contra TC, Salazar anticipó una de las peores embestidas del narco tras revelar la investigación Metástasis, descrita como la piedra angular que destapará la «narcopolítica» en el país.
Este miércoles, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) condenaron «la violencia» e instaron al Estado ecuatoriano «a investigar, juzgar y sancionar todos los hechos con diligencia».
En 2023 también murieron víctimas de criminales el candidato presidencial Fernando Villavicencio en Quito y Agustín Intriago, entonces alcalde de Manta, una de las principales ciudades del país.
