La corte suprema de Venezuela ratificó este viernes una inhabilitación política contra el opositor y dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, a espera de un fallo sobre la impugnación que hizo la dirigente María Corina Machado a una sanción similar con vistas a los comicios de este año.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de línea oficialista, creó un mecanismo de impugnación de inhabilitaciones para quienes «aspiran a postularse» a las presidenciales de 2024, bajo presión de Estados Unidos y en medio de los acuerdos suscritos en Barbados por gobierno y oposición en un proceso de negociación que media Noruega.
Capriles, que enfrentó al expresidente Hugo Chávez en 2012 y un año después a Nicolás Maduro, fue inhabilitado en 2017 por supuestas irregularidades administrativas cuando ejercía como gobernador del estado Miranda (2013-2017), que abarca parte de Caracas.
El dirigente, que desistió de participar en las primarias opositoras de octubre pasado, en las que arrasó Machado, no se apegó al mecanismo de Barbados. La Sala respondió a un recurso introducido en 2017.
«Esta solicitud no cumple con los requerimientos establecidos y exigidos en el Acuerdo de Barbados firmado el 17 de octubre de 2023 y en consecuencia el ciudadano Henrique Capriles Radonski está inhabilitado por quince años para el ejercicio de funciones públicas», indicó la sentencia.
«Lo que nunca podrán inhabilitar es el sentimiento de cambio de los venezolanos», escribió Capriles en X. «Hoy más que nunca, que nada ni nadie nos saque de la ruta electoral, del ejercicio del derecho al voto, que los venezolanos tengamos una alternativa que compita y pueda cambiar al peor gobierno de la historia».
El Supremo informó más temprano que publicaría los fallos sobre las impugnaciones a lo largo de la tarde del viernes.
En las primeras decisiones habilitó a los dirigentes Leocenis García, un expreso y dirigente no alineado con la oposición tradicional; Richard Mardo, un exparlamentario; y el exgobernador del estado Zulia (oeste), Pablo Pérez.
– «Pelota del lado de Maduro» –
Las inhabilitaciones políticas son una vieja arma del chavismo para sacar del medio a sus rivales. Las impone la Contraloría, y la oposición las ha tachado siempre de inconstitucionales.
La ley faculta a ese organismo a tomar medidas contra funcionarios bajo investigación, pero la Constitución establece que solo una sentencia judicial «definitivamente firme» impide aspirar a la presidencia.
Machado, de 56 años, fue sancionada por un año en 2015 en principio por asistir como «embajador alterno» de Panamá a una reunión de la Organización de Estados Americano donde denunció supuestas violaciones a derechos humanos durante las protestas que ese año pedían «la salida» de Maduro y dejaron 40 muertos.
En junio pasado, en el auge de su campaña, la sanción fue extendida a 15 años bajo el argumento de que la Contraloría seguía investigándola.
La dirigente liberal sostuvo que nunca fue notificada sobre la medida, y a pesar de su inhabilitación conquistó más de 2 millones de votos (92%) en las primarias de la principal alianza opositora.
La decisión de este viernes puede abrir el camino a que enfrente a Maduro, candidato natural del chavismo, en las elecciones previstas para el segundo semestre de este año con observación internacional, parte también de lo acordado en Barbados.
El mecanismo de impugnación fue creado bajo presión de Estados Unidos, que lo condicionó a la flexibilización por seis meses de las sanciones estadounidenses al petróleo, el gas y el oro de Venezuela.
Machado apeló en el último día de un plazo dado para la impugnación, el 15 de diciembre.
«Ahora está la pelota del lado de Maduro y Maduro tendrá que decidir si se cuenta o no se cuenta, si cumple o no cumple con los acuerdos que ha asumido con actores de la comunidad internacional», dijo entonces.
Las negociaciones llevaron también a la liberación de presos en Venezuela a cambio de la excarcelación en Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, acusado por la oposición de ser «testaferro» de Maduro y que era juzgado en Florida por lavado de dinero.
