La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) organizó un panel sobre la Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), a través de su Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas (FCJP) y en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
El decano de esa facultad, maestro Héctor Pereyra Espaillat, al encabezar la actividad realizada en el Paraninfo Hilda Gautreaux, destacó la importancia que reviste debatir la promulgación de la Ley 1-24, porque ha causado preocupación en diferentes sectores de la vida nacional.
Dijo que resulta sensible abordar el tema de la Seguridad Nacional del Estado y su compatibilidad con los derechos fundamentales, vista desde las perspectivas académica, institucional, política y social, así como del enfoque de la Asociación de Bancos y de los medios de comunicación para analizar qué tan necesario resulta modificar, derogar o aclarar esa nueva legislación.
Precisó que la FCJP de la Primada de América, con el desarrollo de estos encuentros, procura aportar al establecimiento del debate y fortalecer el Estado de derecho conforme al orden institucional y la paz social.
En tanto, el diputado nacional y presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Juan Dionicio Rodríguez, subrayó que fue el único legislador de la Cámara Baja, que no votó a favor de la promulgación de la ley, porque considera que el país necesita una ley de seguridad e inteligencia, pero también los ciudadanos requieren que se respeten sus derechos humanos.
Sobre los paneles
En ese sentido, fueron desarrollados tres paneles a través de los cuales se fomentó el debate entre los estudiantes, quienes realizaron preguntas en torno a lo expuesto por los disertantes una vez terminado cada uno de los bloques de ponencias.
El primer panel estuvo moderado por el decano de la facultad, Pereyra Espaillat y contó con las disertaciones de los catedráticos Erick Hernández Machado y José Miguel Vásquez, así como por el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños.
El segundo fue moderado por el diputado Rodríguez, desde la perspectiva social y política, integrado por los juristas Alexis Joaquín Castillo, Dianirys Perderaux y el presidente de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), maestro Julio César de la Rosa Tiburcio.
Y, el tercero, fue orientado por los sectores de comunicación y bancario, moderado por el director del Instituto de Criminología y Criminalística de la FCJP de la UASD, maestro Rafael Román Rodríguez e integrado por el presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), licenciado Aurelio Henríquez, la periodista Patricia Pérez y el presidente del comité legal en la Asociación de Bancos Múltiples de República Dominicana, Orlando Gómez.
Los puntos de vistas de los diferentes panelistas coinciden en el entendido de que era necesario modificar la Ley 08-57, del 1978, por una nueva legislación que se adecúe a los nuevos tiempos y preserve la soberanía y la seguridad nacional.
Convergen que la pieza legislativa promulgada el 15 de enero por el Poder Ejecutivo, carece de una redacción clara y precisa, no dispone de un glosario de definición de términos y califican algunos de sus artículos como ambiguos.
En la actividad estuvieron presentes, además, la maestra Carmen Chevalier, vicedecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y el maestro Martín Montilla, director de la Escuela de Derecho, el Consejo Directivo de esa unidad académica, docentes, destacados juristas, estudiantes, entre otros.
