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El general Adán Cáceres, exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), solicitó este lunes ante el tribunal que se le habilite el salario que cobraba como militar, suspendido tras la investigación que lo imputa en la Operación Coral y Coral 5G.
El generar argumentó que tiene varios años sin percibir ingresos y que esa situación está afectando económicamente a su familia.
“Yo tengo ya tres años sin cobrar y antes de ser sometido ya había sido suspendido mi sueldo”, explicó Cáceres a la jueza Gisselle Méndez, quien le conoció una revisión a la medida de coerción que cumple por el caso.
En ese sentido, el exdirector del Cusep aseguró que la Ley Orgánica del Ministerio de Defensa ordena que se le haga entrega de sueldo como militar.
Sin embargo, la magistrada aclaró que esa decisión no está en su competencia, sino que está en manos del Ministerio de Defensa, institución a la que pertenece Cáceres.
Empero el abogado de Cáceres, Romer Jiménez, comunicó que con relación a ese tema “siempre llegamos a un callejón sin salida”.
De acuerdo a el Nuevo Diario, el general también informó que le fue suspendido el seguro médico y que su esposa está enfrentando un problema de salud, caso que se ha complicado por falta de recursos económicos.
Adán Cáceres fue asignado a la escolta del expresidente Danilo Medina el 25 de septiembre de 2004, tras el regreso al poder del Partido de la Liberación Dominicana.
Durante los ocho años de gestión de Danilo Medina (2012 – 2020) se le atribuyó amplio poder en las filas militares y según la Procuraduría era decisivo tanto en el Cusep como en el exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), que dirigió el también imputado en este caso, general Torres Robiou.
De acuerdo a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), tras Medina salir del poder, el 16 de agosto de 2020, Cáceres y su amiga la pastora Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, compartían inmobiliarios y empresas millonarias que no pueden justificar el origen.
El órgano acusado establece que el general al llegar al Cusep devengaba un salario de 35 mil pesos y que posteriormente fue aumentado a los 283 mil.
Este lunes el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional confirmó la prisión domiciliaria, el impedimento de salida, grillete electrónico y garantía económica, que cumple por su implicación en este proceso.
La supuesta red involucra a 15 empresas, a militares, religiosos y policías que alegadamente se unieron para estafar al Estado dominicano con 4 mil 500 millones de pesos.
José Peguero 
AFP