Los jueces de la Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificaron el arresto domiciliario contra el exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), general Juan Carlos Torres Robiou, imputado en la operación Coral 5G.
Los magistrados también mantuvieron el uso de grilletes electrónicos e impedimento de salida del país.
De acuerdo al comunicado, la decisión de continuar con el arresto domiciliario se basó en que no se presentaron circunstancias nuevas ni presupuestos nuevos que pudieran hacer variar la medida de coerción impuesta.
“Los jueces adoptaron la decisión al desestimar un recurso de apelación incoado por el acusado por intermedio de su defensa a la resolución No. 249-02-2024-SERIS-0014, de fecha 30 del mes de enero del año 2024, dictado por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, al establecer que no han variado las circunstancias que dieron lugar a la misma”, refiere el documento.
En ese sentido, el Ministerio Público saludó la decisión de los magistrados y calificó de “coherente”.
“El Ministerio Público entiende que fue coherente con las decisiones que ha dado previamente esta sala. Entendemos que fue una buena decisión”, añade el comunicado.
En tanto que al general de la Fuerza Aérea Dominicana, Juan Carlos Torres Robiou, el órgano acusador le atribuye ser parte presuntamente del entramado de corrupción que operó en varias instituciones del Estado y que fue desmantelado por el órgano persecutor en el año 2021, bajo la operación Coral 5G, derivada de la Operación Coral.
Durante la operación, además, fueron apresados y son procesados miembros de la Policía Nacional, órganos castrenses, y otras personas implicadas, igualmente, en hechos de corrupción administrativa.
El MP presentó cargos contra 48 personas, 30 de ellas físicas y 18 jurídicas, quienes son procesados por defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos.
Torres Robiou cumple arresto domiciliario desde mayo del año 2023, cuando la jueza titular del Sexto Juzgado de Instrucción, Yanibet Rivas, varió la medida de coerción de prisión preventiva que le fue impuesta para cumplirla en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.
