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El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó penas de 37 años en contra de los miembros de una red de raptos exprés, con asiento en La Ciénaga y Guachupita, en el Distrito Nacional.
El tribunal integrado por las magistradas Arlin B. Ventura Jiménez, Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez, acogió la acusación presentada por el Ministerio Público, mediante la cual demostró que los integrantes de esta red se constituyeron en una asociación de malhechores, mediante la cual cometieron robo agravado, con violencia, y porte ilegal de armas de fuego.
El órgano persecutor, mediante la contundencia de las pruebas presentadas, permitió al tribunal emitir sentencias de 15 años de prisión en contra de Enmanuel Antonio Almarante Medrano y del ciudadano venezolano Yildre Mejía Villa Rue, mientras dictó una condena de siete años de reclusión en contra de Yéssica Estrella Féliz, miembros de la desmantelada red, que mantenía en zozobra a las comunidades de La Ciénaga y Guachupita.
Además de la pena de prisión, los procesados deberán pagar cinco millones de pesos de indemnización a las víctimas, quienes estuvieron asistidas por la Oficina Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic).
La estructura criminal se dedicaba a citar a hombres por las redes sociales: Tinder, Grindr, Bumble y Badoo, para encuentros íntimos y una vez las víctimas accedían a visitar esos lugares, eran interceptados por un grupo de hombres armados, donde le sustraían sus pertenencias, afectando, además, su libertad ambulatoria por espacio de tres horas.
Estos criminales lograron sustraer a sus víctimas cadenas, guillos y anillos de oro, celulares marca Iphone, bocinas de vehículos tipo kitipó, dinero en efectivo y mediante transferencias bancarias, por un valor aproximado de un millón de pesos.
El Ministerio Público, con el apoyo de la Policía Nacional (Destacamento C2 de María Auxiliadora) y la División Especial de Investigación de Crimen Organizado Internacional (DEICROI), pudieron recuperar parte de las pertenencias robadas, que habían sido vendidas en compraventas y plazas comerciales.
Las cinco víctimas, de quienes se omite sus nombres para preservar su integridad, entre ellos dominicanos y estadounidenses, fueron agredidos físicamente, amenazados de muerte y maltratados psicológicamente, en los hechos registrados entre el 10 de octubre y el 23 de diciembre del año 2022.
Respecto al caso, la titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Ramona Nova Cabrera, quien estuvo acompañada del fiscal litigante Claudio Cordero, manifestó que la Unidad Antisecuestro desarrolla procesos de investigación de este tipo, designados por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, a través de la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso.
Nova Cabrera instó a la ciudadanía a denunciar estos hechos, para recibir, como el caso en la especie, una sentencia ejemplar.
AFP 
Amaury Mo 
