Lo acontecido en el Ministerio de Educación con el documental Las expediciones de Junio: Hacia la Libertad o la Muerte (2013, Fernando Quiroz), es no solo una tremenda torpeza impensable en un régimen democrático, sino tambien un atentado a libertad de expresión y una violación del derecho a la creación. Y además, un abuso de poder.
Quiroz, autor del documental histórico, ganador el Premio Soberano 2014, como la mejor produccion televisiva, sometió en 2014 el trabajo a la consideración del Ministerio de Educación para que fuera calificado como material docente recomendado para estudiantes de secundario.
Durante cinco gestiones distintas del Ministerio, no se le ofrecio respuesta al director del documental, y ahora que se ha dado una postura oficial, la resolución del organismo rector de la educación, presenta por escrito, la solicitud de que el trabajo de Quiroz incluya los “aspectos positivos” del importante período histórico que no cita por su nombre pero que es, obviamente, la Era de Trujillo.
Es esta la perfectísima definición del abuso de poder, inconcebible a estas alturas de nuestra democracia.
En otras palabras, Educación autorizaría el material audiovisual si el director incluye aspectos y temas que corresponderían a otro tipo de enfoque. Lo que el presenta es la gesta heroica del 14 de junio. Nada más. No es un documental sobre la Era de Trujillo, lo cual, en todo caso, tendría Quiroz, como creador, la libertad de seleccionar que incluye y que no.
La condicionante que plantea el Ministerio de Educación, ahora con la titularidad del maestro Ángel Hernández, es no solo abusiva y retardataria, sino violatoria del derecho del director del trabajo a enfocar los acontecimientos patrióticos, bajo la óptica que ha considerado adecuada.
Obligarlo a ampliar la produccion, introduciéndole variables que no son las que se plantea el director, es un abuso y una acción propia de un régimen arbitrario y de fuerza.
Fernando Quiroz es un comunicador y un gestor social en favor de numerosas causas humanitarias que es agredido por una resolución oficial emitida con autorización del ministro de Educación.
La recomendación debe ser desestimada por el mismo ministerio que ha la adoptado al tiempo de presentar excusas por este despropósito histórico y anti-educativo.
Esta resolución, firmada en diciembre del pasado 2023 por la viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos, Ancell Scheker Mendoza, contradice el bien ganado prestigio bien ganado del gobierno del presidente Luis Abinader, y ante la misma, la sociedad toda no debe dar un paso al costado.
El documental habia sido evaluado positivamente desde el 2015 por el Ministerio de Educación, durante la gestión del ministro Carlos Amarante Baret, cuando fue calificado como recomendable como recurso complementario en los centros escolares del país. Pero no se llevó a la práctica por lo que se sometió sucesivamente a otras cuatro gestiones distintas de Educación.
La situación plantea un dilema inaceptable, por lo cual es necesario fijar postura por parte del Colegio Dominicano de Periodistas, la Academia Dominicana de la Historia, la Academia Dominicana de Periodistas de Arte (ADOPAE), la Asociación de Cronistas de Arte (ACROARTE), el Archivo General de la Nación, los historiadores individualmente considerados y las escuelas de historia de las Universidades, en especial la de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
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