Los señores Fernando Crisóstomo Herrera y José Arturo Ureña negaron hoy tener ninguna vinculación con el Grupo Icat, el cual, aparentemente, ha suscrito acuerdo con autoridades judiciales para la devolución del dinero obtenido como producto de las transacciones realizadas en el marco de las gestiones para recibir los pagos pendientes del Estado dominicano.
Precisaron que “se impone aclarar que lo relativo a lo que parece ser un acuerdo suscrito con una empresa llamada “Grupo Icat”, en cuyo contenido, a juicio de un destacado periodista, se establece un mecanismo de pago a favor del Estado dominicano con “obras futuras” en ese orden debemos establecer que los señores José Arturo Ureña y Fernando Crisóstomo Herrera no tienen ninguna vinculación con esa empresa”
Los empresarios vinculados a la “Operación Calamar” explicaron que “Dentro de las negociaciones y para la devolución de los montos generados a propósito del pago de las expropiaciones, en ningún momento se ha discutido con la Procuraduría General de la República la posibilidad de honrar tales compromisos con obras futuras.
“Los montos establecidos en los acuerdos que recogen los criterios de oportunidad de los señores Crisóstomo Herrera y Ureña Pérez fueron el resultado de un ofrecimiento voluntario de devolución íntegra por parte de estos, de las ganancias generadas a propósito de los pagos por concepto de expropiación” dijeron los suscribientes.
Explicaron que tampoco es cierta la afirmación de que los señores Fernando Crisóstomo Herrera y José Arturo Ureña fueran actores claves o de primer orden en la estructura imputada finalmente por el ministerio público. Y adujeron que ellos nunca han sido funcionarios o servidores públicos. “Por ende, no tenían las prerrogativas o atribuciones públicas para la toma de decisiones”.
Los empresarios hicieron énfasis en que su presencia ante la Procuradoría General de la República se hizo de manera voluntaria con el fin de ponerse a disposición de dicha entidad para aclarar el alcance de su participación en los hechos que dieron origen a dicha investigación.
Crisóstomo y Ureña aclarararon a la opinión pública que todos los pagos recibidos por la empresa Trossachs Enterprises por parte del Estado dominicano, se correspondían con trabajos de obras de infraestructura . ejecutadas y entregadas a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado -OISOE-
Aseguraron además que no es cierto que dicha empresa recibiera pagos del Estado dominicano “a través del mecanismo de pago de expropiaciones” ascendentes a un monto de 7,615 millones de pesos.
Otra de las aseveraciones que – a juicio de los declarantes – requieren de precisión, es la que refiere que los señores Fernando Crisóstomo y José Arturo Ureña fueron beneficiados de los pagos derivados del denominado “programa de financiamiento de contratistas del Estado”, el cual involucró “un monto de más de 21,000 millones de pesos”. “Nosotros no tuvimos ningún tipo de participación en la estructuración o ejecución de dicha operación”.
Por último, los empresarios hicieron un llamado a la población “y a la opinión pública a mantenerse atentos del desarrollo de este proceso, que ya se encuentra en fase judicial. En el transcurso de este, no solo se demostrará la veracidad de todo lo aquí establecido, sino que también se arrojará luz sobre muchos otros temas de gran importancia para este caso y para el funcionamiento de las instituciones”
