El nuevo presidente de Panamá, José Raúl Mulino, afirmó este lunes que el escándalo de los «Panama Papers», cuyo epicentro fue el despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, fue una «patraña internacional» para perjudicar al sistema financiero del país.
«Miren ustedes el caso Mossack Fonseca, que fue el principio del fin de nuestro modelo de negocio financiero. Acaban de absolver a todos los señalados porque en realidad se trató de una patraña internacional para socavar la imagen y competitividad de nuestro país», expresó Mulino en su discurso de toma de posesión.
El viernes un tribunal panameño absolvió a 28 imputados por blanqueo de capitales relacionados con el extinto bufete, utilizado por personalidades de todo el mundo para esconder dinero.
Los «Panama Papers» fueron una investigación periodística basada en la filtración de millones de documentos del bufete.
Debido al escándalo, que estalló en 2016, Mossack Fonseca tuvo que cerrar, mientras que la creación de sociedades opacas cayó de manera drástica en el país.
«Voy a hacer respetar a Panamá y recuperar nuestro buen nombre que ha sido mancillado arbitrariamente por países que jamás aplicarían en sus territorios las leyes que ellos nos exigen», agregó Mulino.
El sábado, Gerard Ryle, director del consorcio de periodistas que publicó los «Panama Papers», defendió el trabajo y dijo que «el impacto duradero de nuestra investigación persiste».
«Al revelar verdades ocultas (…) brindamos al público la información que necesita para exigir rendición de cuentas e impulsar reformas», añadió Ryle.
Panamá ha sido acusado de ser un paraíso fiscal, lo que ha provocado que el país haya sido colocado en distintas listas, entre ellas una de la Unión Europea.
Sin embargo, sucesivos gobiernos panameños rechazaron esas acusaciones y han amenazado con adoptar sanciones contra los países y organizaciones que mantengan a Panamá en ese tipo de listados.
Colocar a Panamá en estas listas es «un irrespeto y una agresión», sostuvo Mulino.
Tras la publicación de estos documentos, en varios países altos funcionarios tuvieron que dimitir y otros fueron condenados.
Tras el escándalo, Panamá realizó reformas legales, entre ellas la penalización de la evasión fiscal, que no era un delito antes.
Esos cambios permitieron a Panamá salir en 2023 de la «lista gris» del Grupo de Acción Financiera (GAFI), con sede en París.
