Boeing afirmó este lunes que alcanzó un acuerdo con el Departamento de Justicia (DoJ) estadounidense en el caso penal por los accidentes de dos aviones 737 MAX en 2018 y 2019 en los que murieron 346 personas.
«Hemos alcanzado un acuerdo de principio sobre los términos de una resolución con el Departamento de Justicia», informó Boeing en un comunicado enviado a AFP.
El acuerdo se produce después de que los fiscales determinaran que el gigante estadounidense de la aviación incumplió un acuerdo previo sobre los accidentes ocurridos en Etiopía e Indonesia.
Las familias de las víctimas pidieron al tribunal que rechace el acuerdo en una próxima vista, alegando que este «hace injustamente unas concesiones a Boeing que otros acusados nunca recibirían».
Según documentos judiciales presentados en Texas el domingo, la empresa aceptó declararse culpable de «conspiración para defraudar a Estados Unidos» durante la certificación de los aviones MAX.
Boeing será multada en virtud del acuerdo y deberá invertir un mínimo de 455 millones de dólares en «programas de cumplimiento y seguridad».
La indemnización a los familiares de las víctimas será determinada por el tribunal.
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El DoJ determinó en mayo que la empresa ignoró un acuerdo de enjuiciamiento diferido (DPA) de 2021 al no acatar los requisitos de mejorar sus programas de ética y cumplimiento después de los accidentes.
Familias de las víctimas se declararon «muy decepcionadas» por el acuerdo entre Boeing y el DOJ, indicó un abogado de la firma Clifford Law, que los representa.
«Los últimos cinco años se ha presentado mucha más evidencia que demuestra que la cultura de Boeing de poner el lucro por encima de la seguridad no ha cambiado. Este acuerdo de culpabilidad no hace sino fomentar ese objetivo corporativo», declaró el abogado Robert A. Clifford en un comunicado.
El acuerdo original de enjuiciamiento diferido (DPA) se anunció en enero de 2021, por cargos de que Boeing defraudó a sabiendas a la Administración Federal de Aviación durante la certificación del MAX.
El pacto exigía a Boeing el pago de 2.500 millones de dólares en multas y restituciones a cambio de inmunidad penal.
El periodo de prueba de tres años expiraba este año. Pero en enero, Boeing volvió a entrar en crisis cuando un avión 737 MAX de Alaska Airlines se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia después de que reventara un panel del fuselaje en pleno vuelo.
En una carta enviada el 14 de mayo al tribunal estadounidense, los funcionarios del DoJ afirmaron que Boeing incumplió sus obligaciones en virtud del DPA al «no diseñar, implementar y hacer cumplir un programa de cumplimiento y ética para prevenir y detectar infracciones de las leyes de fraude de EEUU en todas sus operaciones».
