El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, declarará como testigo el 30 de julio en la investigación judicial contra su esposa por presunta corrupción y tráfico de influencias, en un caso que ha fragilizado políticamente al mandatario socialista.
El juez a cargo del caso contra Begoña Gómez se desplazará al «despacho oficial y domicilio del testigo, el Complejo Presidencial de la Moncloa», la sede del Gobierno, para tomar declaración «como testigo a Pedro Sánchez Pérez Castejón, el próximo día 30 de julio, a las 11H00 horas», informó la corte en un comunicado.
Desde el principio de la investigación, Sánchez ha defendido la inocencia de su esposa en este asunto, que ha llevado a la oposición a arreciar sus ataques contra el Gobierno.
El anuncio del magistrado Juan Carlos Peinado se produce después de que el viernes Gómez acudiera al tribunal y se acogiera a su derecho a no declarar ante el juez, alegando que el procedimiento en su contra «carece de objeto alguno», según señaló su abogado Antonio Camacho.
Una decisión fustigada por el conservador Partido Popular (PP), principal formación de oposición, pero también por la extrema derecha de Vox, que calificó el silencio de Gómez de «auténtico insulto a los españoles y un ataque al Poder Judicial», y solicitó al juez llamar a declarar a Sánchez para explicarse.
– «Nadie está por encima de la ley» –
«Sánchez no ha dado explicaciones en el Congreso, no ha dado explicaciones ante los medios de comunicación, las tendrá que dar ante un juez», estimó este lunes ante periodistas el portavoz del PP, Borja Sémper.
«Esto es lo normal en un Estado de derecho y nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente del Gobierno ni su entono», prosiguió Sémper, cuyo partido ha pedido la dimisión de Sánchez por este caso.
Gómez, especializada en la recaudación de fondos, sobre todo para fundaciones y oenegés, es sospechosa de haber aprovechado el cargo de su marido en sus relaciones profesionales, en particular con Juan Carlos Barrabés, un empresario español que obtuvo ayudas públicas.
Barrabés -que da clases en un máster de la Universidad Complutense de Madrid dirigido por Gómez- admitió el lunes pasado ante el juez haberse reunido con la esposa de Sánchez cinco o seis veces en la Moncloa, dos de ellas en presencia del presidente del gobierno.
El empresario, que recibió cartas de recomendación de Gómez para participar en licitaciones por valor de varios millones de euros, aseguró, sin embargo, que esos encuentros se limitaron a tratar temas de innovación, según fuentes cercanas al caso.
El juez Peinado justificó la declaración de Sánchez señalando que en el delito de tráfico de influencias es necesario examinar «la posible relación de la persona investigada con una autoridad», según señaló en su auto.
– Sánchez sopesó renunciar –
La investigación se abrió a raíz de una denuncia de Manos Limpias, un colectivo cercano a la extrema derecha, que reconoció haberse basado exclusivamente en artículos de prensa. Una segunda asociación, Hazte oír, se sumó posteriormente a la causa.
Los investigadores de la Guardia Civil han entregado al tribunal dos informes, uno de ellos a principios de julio, concluyendo que no hubo irregularidades por parte de Gómez, mientras que la Fiscalía ha pedido se archive el expediente, a lo que se ha negado el juez instructor que ha constatado elementos «suficientes» para mantenerla abierta.
Cuando se conoció la investigación a finales de abril, Sánchez sorprendió a todo el país al anunciar que estaba considerando renunciar. Finalmente, después de tomarse cinco días para reflexionar, decidió quedarse en el poder.
Desde entonces, reitera su denuncia de una estrategia de «acoso y derribo» contra su Gobierno de izquierdas llevada a cabo por «medios de marcada orientación derechista y ultraderechista», apoyados por la oposición.
«Begoña Gómez está sufriendo una persecución cruel, injusta, en un proceso judicial plagado de mentiras, de insignificancias, donde todos los informes y todas las declaraciones acreditan que no hay nada y por eso la verdad ganará y la justicia prevalecerá y la causa se archivará», afirmó el viernes pasado el ministro de Justicia, Félix Bolaños.
