Con la presentación de sus acusaciones por parte del Estado dominicano, querellantes y actores civiles, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional retomó este martes el conocimiento del juicio de fondo a los imputados en el caso Coral-Coral 5G.
El primero en hacer uso de la palabra lo fue la representación del Estado Dominicano, quien se adhirió a las pretensiones del Ministerio Público.
La apertura de esta nueva fase se produce luego de que la semana pasada, el Ministerio Público concluyera la lectura de la acusación contra el entramado de corrupción que estafó al Estado dominicano con más de RD$4,500 millones, en el cual figura el mayor general del Ejército, Adán Cáceres Silvestre, como principal imputado.
El Ministerio Público señala al mayor general Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), como la persona que dirigió el entramado de corrupción, de 30 personas físicas y 18 personas jurídicas, que desfalcó al Estado con más de 4,500 millones de pesos entre los años 2012 y 2020.
Además, según la acusación, sustrajeron los fondos de inteligencia del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
Detalla El Nacional que entre los acusados están, el general de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), Julio Camilo de los Santos Viola; el coronel de la Policía Rafael Núñez de Aza; el mayor del Ejército Nacional, Raúl Alejandro Girón Jiménez; el general Juan Carlos Torres Robiou, Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa) y el sargento de la Armada, Alejandro José Montero Cruz.
De igual manera, el general Julio Camilo de los Santos Viola y José Manuel Rosario Pirón, así como Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán, Esmeralda Ortega Polanco y otros.
Dichos imputados fueron enviados a juicio de fondo por la juez Yaninet Rivas, del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional.
Todos enfrentan el juicio de fondo, en el que podrían ser condenados por corrupción y lavados de activos para enriquecerse.
La acusada Rosa Antonia Disla, madre de Núñez de Aza, también acusada en este caso, su imputación se conoce a parte por su situación de salud en que se encuentra.
El Ministerio Público le atribuye al grupo la distracción de fondos públicos, desde 2912 al 2020, con compras de raciones de alimentos, combustibles y el nombramiento de policías y militares a los cuales se les pagaba menos del 30 por ciento del salario y el restante se quedaba en las manos de la red.
También, de sustraer los fondos de inteligencia del Cusep y Cestur para la red quedarse con todos los recursos.
