El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se acogió este martes a su derecho a no testificar contra su esposa Begoña Gómez ante el juez que la investiga por presunto tráfico de influencias, en un caso que desgasta políticamente al mandatario socialista.
Sánchez guardó silencio ante el juez Juan Carlos Peinado, un magistrado de 69 años a cargo del dossier, que se desplazó hasta el palacio de Moncloa, la residencia presidencial, para interrogar como testigo al jefe del Ejecutivo, según varios abogados de las acusaciones populares, figura prevista en el derecho español.
La audiencia, que tuvo lugar en un despacho del palacio de la Moncloa, duró «aproximadamente 20 minutos», indicó a periodistas Marta Castro, abogada del partido de extrema derecha Vox, aunque el letrado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, dijo que fueron «dos minutos».
Esta fue tan solo la segunda ocasión en que un jefe del Ejecutivo español en activo fue citado a declarar ante un magistrado, luego de que lo hiciera en 2017 el conservador Mariano Rajoy, en un juicio por la financiación irregular de su Partido Popular (PP).
Ya Gómez, especialista en captar fondos para fundaciones y oenegés, se había acogido a su derecho a no declarar cuando acudió al tribunal el 19 de julio.
Sánchez ha mantenido la inocencia de su esposa y ha enmarcado el asunto dentro de una campaña de la derecha y la extrema derecha para erosionar a su Gobierno.
– «Responderá ante los españoles» –
Pero el caso ha emponzoñado la política española en la últimas semanas, con el PP, la principal formación opositora, pidiendo insistentemente la dimisión del mandatario socialista y la convocatoria de elecciones.
«Sánchez no ha querido declarar ante la justicia, pero responderá ante los españoles por tantas injusticias», lanzó en la red social X Alberto Núñez Feijóo, líder del PP.
Para mostrar normalidad, Sánchez mantuvo su agenda este martes: dirigió un Consejo de Ministros por la mañana y en la tarde tiene previsto despachar con el rey Felipe VI en la isla balear de Mallorca.
Durante la audiencia, Sánchez estuvo «absolutamente tranquilo», indicó el abogado de Begoña Gómez.
Bernardo del Rosal, profesor de Derecho Penal en la Universidad de Alicante, había advertido que si Sánchez mantenía silencio podía «quedar mal (…) políticamente».
Gómez es investigada por presunta corrupción en los negocios y tráfico de influencias por Peinado, quien abrió el dossier ante una denuncia de un colectivo cercano a la extrema derecha, Manos Limpias.
Licenciada en marketing y con un máster en gestión, es sospechosa de haber aprovechado el cargo de su marido en sus relaciones profesionales, en particular con Juan Carlos Barrabés, un empresario español que obtuvo ayudas públicas y que también es investigado.
Barrabés -que da clases en un máster de la Universidad Complutense de Madrid dirigido por Gómez- admitió ante el juez haberse reunido con la esposa del presidente del Gobierno, cinco o seis veces en la Moncloa, dos de ellas en presencia de Sánchez.
Pero afirmó que esos encuentros se limitaron a tratar temas de innovación, según fuentes cercanas al caso.
– «No hay caso» –
Peinado, quien prosigue con la investigación pese a dos informes de la Guardia Civil que no hallaron irregularidades y contra la opinión de la Fiscalía, que ha pedido el archivo del expediente, estuvo acompañado en el interrogatorio a Sánchez por un fiscal y abogados de las acusaciones populares, entre ellas la del partido de extrema derecha Vox.
El Gobierno insiste en que, a la vista de lo que ha arrojado la investigación hasta ahora, «no hay caso» contra Gómez.
Pero aunque el dossier pueda terminar archivado, «todo este ruido acaba por dañar la imagen» de Sánchez, apuntó Del Rosal.
Cuando se conoció la causa a finales de abril, Sánchez anunció sorpresivamente que estaba considerando renunciar. Tras cinco días de reflexión, decidió mantenerse en la Moncloa.
Llegado al poder en 2018, al Gobierno minoritario de Sánchez le ha sido difícil aprobar leyes en el Parlamento desde que fuera reelecto en noviembre, ya que depende de los votos a favor de una variedad de partidos regionales, entre ellos independentistas y nacionalistas, por lo que la derecha acusa al Ejecutivo de estar sumido en una «parálisis»
