Sorpresa e indignación causó la absolución de Karla María Moya Boada, una supuesta cirujana estética venezolana acusada de ejercer la medicina de manera ilegal en el país.
Y es que el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, presidido por Gissell Méndez, Tania Yunes y Jissell Naranjo, manifestó que su decisión se basó en que el Ministerio Púbico no aportó pruebas suficientes que justificara una condena de 10 años de prisión y que indicara que estaba ejerciendo como médico en el centro de salud.
El caso de la venezolana que ejercía la cirugía estética ilegalmente en el país, fue presentado en un reportaje de N Investiga y ante su absolución en la Justicia surge la pregunta: ¿No son suficientes los videos que ella publicaba en sus mismas redes sociales, donde aparece no solo vestida con bata de doctora haciendo liposucciones?.
Esto implica que Moya Boada claramente no se limitaba a labores administrativas y las leyes dominicanas son muy claras sobre los requisitos para ejercer la medicina en el país: Debe ser egresado de medicina, un mínimo de dos años de formación en cirugía general y tres años de formación en cirugía plástica en una escuela nacional o extranjera reconocida por la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica y Reconstructiva.
N Investiga mostró fotografías de su consultorio donde aparecía un certificado de postgrado de la Universidad Central de Venezuela en cirugía plástica reconstructiva y otro título de médico cirujano de la Universidad Central de Venezuela, de fecha 20 de julio de 2008.
Pero, al llegar al consultorio, curiosa y convenientemente, los había quitado.
Se contactó a la vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, Reconstructiva, Estética y Maxilofacial, la doctora Susana Cárdenas, quien expresó que Karla María Moya Boada no está entre los 678 asociados y 70 miembros aspirantes de esa sociedad.
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“Cuando ellos entran a los posgrados siempre hacemos; por ejemplo, una clase inaugural de bienvenida. No tenemos ningún registro de que esta persona (Karla María Moya Boada) haya hecho el posgrado de cirugía plástica…como le comento, nosotros conocemos a los residentes de posgrado”, dijo la doctora Cárdenas.
Pero, asumiendo que increíblemente fuera cirujana plástica aun cuando la Sociedad establece que no hay registro de que hizo esa especialidad en Venezuela, las leyes dominicanas establecen que los extranjeros, deben homologar y revalidar sus títulos.
En este caso, se confirmó en la MESCYT que Karla Moya depositó un expediente en 2019, pero el proceso quedó inactivo debido a que solo presentó fotocopias de títulos en lugar de los originales, el logo del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria de Venezuela no era legible, entre otras anomalías que hacían dudar de la autenticidad de estos documentos. Como si esto fuera poco, tampoco estaba colegiada en el Colegio Médico Dominicano ni tenía exequatur.
En sus recetas, porque también recetaba, utiliza el sello de la doctora Yamile Genara Diplan Vásquez, cuyo exequatur es 256-16, cirujana general y laparocospista.
Pero esto va más allá de los títulos, este consultorio de Moya Boada estaba operando sin la licencia de habilitación de Salud Pública, que incluso fue lo que produjo que el Ministerio cerrara esas instalaciones inmediatamente, después de nuestro reportaje.
No obstante, no habían transcurrido dos meses de ese cierre, cuando volvió a realizar cirugías en otra clínica, el Centro de Medicina Reproductiva, Integral y Atención Femenina (CEMERAF), propiedad de Libni Valenzuela, acusada en el Caso Anti-Pulpo por lavado de activos en el sector salud. Mientras, la supuesta cirujana comentó en la transmisión de este reportaje en nuestro canal de YouTube, “en mi casa, esperando la orden de arresto”.
Pues paradójicamente, luego de escribir ese comentario, el 25 de septiembre, es detenida pero no en su casa, sino en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, cuando intentaba salir del país.
Ante todos estos elementos mencionados y otros omitidos, por falta de tiempo, es que surge la pregunta: ¿Cómo pudo haber sido posible que fuera absuelta?.
LO QUE VIENE
Para saber que viene ahora, el consultor jurídico de Salud Pública, Luis Tolentino, opinó que “vamos a esperar la resolución íntegra, porque saben que se falla en dispositivo con una motivación mínima. Sin embargo, nosotros, como Ministerio de Salud, aportamos y está en el expediente. O sea, que se puede verificar válidamente todas las pruebas necesarias para demostrar que era una persona que estaba ejerciendo ilegalmente la medicina, tanto es así… que hay un momento que se habló de una posibilidad de un proceso penal abreviado donde las características de este proceso es que la persona admite la culpabilidad y se logra una condena atenuada o más leve”.
Continuó diciendo: “Entonces, al nosotros tener estos elementos probatorios de una imputada, tratando de lograr un acuerdo con el ministerio, entendía inclusive la otra parte que habían elementos probatorios suficientes para posiblemente lograr una condena”.
