Durante finales de agosto, algunos semáforos de las principales avenidas del Distrito Nacional estaban mostrando fallos, lo que hizo que el tránsito y los tapones se intensificaran en la capital.
Ante esto, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), dirigido por Milton Morrison, vinculó a Transcore Latam por el apagón en la red de semáforos del Distrito Nacional. Esta empresa está sometida a una inspección legal, técnica y financiera por parte de la Contraloría General de la República
También ha estado envuelta en varias acusaciones de irregularidades, luego de que el pasado 30 de octubre, la Dirección General de Contrataciones Públicas suspendiera un contrato con el Intrant. La contratación de este servicio buscaba mejorar la red semafórica de la capital y la decisión estaba dentro de la resolución RIC-156-2023 del 27 de octubre.
“Esta Dirección General, tras haber evaluado la probabilidad de un daño irreversible, ha podido comprobar que, en atención a las supuestas irregularidades denunciadas, se evidencia la necesidad de evitar que se continúe con la ejecución del contrato referido, hasta tanto se determinen si esas irregularidades tienen mérito o no”, indicaba el informe.
Además, la contratación de este servicio descrito como “modernización, supervisión y gestión del sistema integral del centro de control de tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo”, primero tuvo una oferta de ofreció RD$1,200,000,000, sin embargo, este subió a RD$1,317 millones 350 mil 997, cuando Transcore Latam aumentó la oferta.
De acuerdo con denuncias, documentos vinculados a esta empresa estaban en inglés sin una debida traducción; y además que la oferta técnica indicaba que fue constituida en 2022, pese a que alegaban que tenían, hasta ese momento, 19 años de experiencia en el área.
Indica Carolina Pichardo en el Listin Diario que ante todo el escándalo, quien se desempeñaba como director del Intrant, Hugo Beras, dijo que el proceso de licitación era totalmente transparente y cumplía con la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas.
Beras explicó que fue en abril de 2023 cuando se comenzó con la fase inicial del proceso de búsqueda de un equipo técnico de veedores para atender esa licitación, pero la solicitud nunca fue respondida, por lo que lamentaba que tomaran acciones cuando el contrato estuviera a más de la mitad de su ejecución.
Beras también agregó que esta suspensión era algo “temporal” y que un equipo legal estaba a cargo de ese caso.
Semanas después, el 8 de noviembre del 2023, la empresa estadounidense Transcor LP salió en defensa de su aliado Transcore Latam. Para tal fecha, llegaron al país Ray Cuesta, vicepresidente de Soluciones de Tránsito y Tecnología Vial de Transcor LP, junto con los ejecutivos consejeros, Joonho J. Lee y Jim MacDonald.
Estos expresaron que estaban decepcionados ante la decisión debido a que estas afectaban directamente “nuestra empresa, a su prestigio internacional, pues actualmente tenemos varios proyectos en marcha de investigación y desarrollo en el campo de la movilidad y tecnología del tránsito”.
Cuesta también agregó en esa ocasión que “en Transcor LP nos mantenemos firmes en nuestro compromiso con la legalidad, la transparencia y la mejora continua de los sistemas de Movilidad, tráfico y seguridad vial. Actuaremos decididamente para salvaguardar nuestra integridad y la de nuestros socios frente a cualquier acto que busque socavar los principios por los cuales nos regimos”.
Beras terminó solicitando una licencia sin disfrute de sueldo al presidente de la República, Luis Abinader, debido a que las informaciones publicadas en los medios lo hacían ponerse del lado de Contrataciones Públicas.
Poco después, el caso fue remitido al Ministerio Público para adoptar una medida cautelar de oficio, de acuerdo Carlos Pimentel, director general de Contrataciones Públicas.
Casi dos meses después del escándalo, Pimentel informó que al menos diez personas habían sido suspendidas en Intrant, correspondientes al comité de compras y peritos vinculados al caso de Transcore Latam.
También agregó que fueron halladas graves irregularidades en la ejecución del procedimiento, como “indicios de falsificación de documentos, composición accionaria difusa, movimientos sospechosos de accionistas, entre otros, que nos motivan a depositar ante el Ministerio Público los hallazgos encontrados, con la finalidad de que se investigue a la razón social Transcore Latam, SRL, a fin de que se identifique al beneficiario final de dicha empresa y su participación en actividades ilegales o fraudulentas relacionadas con la contratación”.
Asimismo, se estaba agotando un proceso administrativo para sancionar Transcore Latam.
Para inicios de diciembre, Contrataciones Públicas inhabilitó de manera permanente el Registro de Proveedor del Estado (RPE) de la razón social Transcore Latam, S.R.L., por presentar documentación falsa o alterada. También fueron enumeradas nuevas irregularidades como que la documentación indicaba como nombre “Transcore” y no a “Transcore Latam, S.R.L.”. Además de que el tiempo indicado en la certificación de 3 años no coincidía con el que tenía la adjudicataria de constituida de siete meses.
Otra de estas irregularidades fue la alteración de información en la declaración jurada presentada por la empresa adjudicataria y uso de copia de la firma del señor Michael Mauritz, vicepresidente de Transcore LP, sin previa autorización.
¿QUÉ OCURRE EN LA ACTUALIDAD?
Entre el 28 y el 30 de agosto, la red de semáforos del Distrito Nacional se vio afectada en sus principales intersecciones.
Ante esta situación, el Intrant dio a conocer este informe íntegro:
“El compromiso de esta administración con la transparencia y la rendición de cuentas es inquebrantable. Como servidores públicos, es nuestro deber informar a la ciudadanía sobre cualquier incidente que afecte el normal funcionamiento de los servicios esenciales.
En este sentido, es de conocimiento público que los días 28, 29 y 30 de agosto, la red semafórica del Distrito Nacional se vio afectada en sus principales intersecciones.
En la noche del 27 de agosto, técnicos del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) detectaron que la empresa contratada, Transcore Latam SRL para los servicios de modernización, ampliación y gestión del sistema del centro de control de tráfico y red semafórica del gran Santo Domingo, la cual está sometida a una inspección legal, técnica y financiera por parte de la Contraloría General de la República, estaba procediendo a reemplazar dispositivos y reguladores semafóricos sin la debida autorización. Estos trabajos, realizados sin el consentimiento previo del Intrant, constituyeron una violación a los acuerdos institucionales establecidos.
Al detectar esta situación, el Intrant notificó de inmediato a Transcore sobre este incumplimiento. Sin embargo, en lugar de rectificar y cumplir con lo pactado, Transcore cesó todos sus servicios al Intrant a las 10:44 p.m. del mismo 27 de agosto, notificando su decisión a través de un chat interno entre sus técnicos principales y funcionarios del instituto.
Como resultado de esta decisión unilateral, el caos vial se hizo palpable en los días siguientes, afectando inicialmente 29 intersecciones críticas y aumentando hasta llegar a 55 intersecciones en el Distrito Nacional.
Ante esta crisis y el riesgo que representaba para la seguridad pública, la noche del jueves 29 de agosto, el Intrant decidió intervenir de manera directa por primera vez los semáforos, después del contrato firmado con Transcore.
Un equipo técnico de emergencia del Intrant abordó la situación, y tras una operación estratégica, logró tomar control de 6 nodos de comunicación por fibra óptica que controlaban los semáforos vinculados a la empresa Transcore, incluyendo la militarización posterior de los mismos.
Durante las 48 horas que siguieron a la intervención del Intrant, los técnicos del Intrant trabajaron sin descanso para recuperar y asegurar el control de la red en un estado descentralizado, que funcionaba bajo una lógica exclusivamente conocida por Transcore.
Finalmente, el equipo del Intrant logró retomar el control manual del sistema semafórico, garantizando la independencia desde la empresa Transcore para gestionar cualquier avería que pueda surgir en el futuro.
Actualmente, el sistema está bajo control del Estado dominicano, aunque persisten desafíos técnicos y vulnerabilidades, que generan nuestra atención.
La intervención del Intrant evitó un colapso mayor, pero este incidente ha dejado en evidencia la fragilidad de nuestra infraestructura semafórica y la necesidad de un control centralizado desde el propio Intrant.
MEDIDAS ADOPTADAS:
1. Rescindir de manera inmediata el contrato relacionado con la contratación de servicios de modernización, ampliación y gestión del sistema, del centro de control de tráfico y la red semafórica del gran Santo Domingo suscrito con la empresa Transcore Latam SRL, firmado el 19 de junio del 2023, así como cualquier otro derivado del mismo, con todas las consecuencias legales pertinentes.
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Mantener y fortalecer el control del sistema semafórico nacional bajo la administración directa del Estado dominicano, a través del Intrant.
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Solicitar una investigación al Ministerio Público sobre los acontecimientos expuestos en esta declaración a fin de determinar responsabilidades que correspondan. Como pueden ver debido a lo delicado de la situación que manejamos por varios días, nuestro silencio correspondió a las acciones estratégicas para devolver al Estado lo que le pertenece al Estado”.
