La ONU denunció este martes una reciente ley aprobada por el parlamento de Nicaragua que podría intensificar, en su opinión, la «represión» de los nicaragüenses exiliados, cuyos derechos llamó a «proteger».
El Consejo de los Derechos Humanos de la ONU debatió en Ginebra el informe sobre la situación en Nicaragua, presentado por Christian Salazar Volkmann, responsable del Alto Comisionado de la ONU para los DD.HH.
«Esas reformas podrían ser utilizadas para intensificar la persecución y represión aún más a personas nicaragüenses, incluso en el exilio, y a extranjeras, por el legítimo ejercicio de sus derechos», aseguró.
El pasado viernes, entró en vigor en Nicaragua una ley para juzgar a quienes cometan acciones en el exterior contra el gobierno, denunciada por los exiliados es una «herramienta de represión transnacional».
La ley contempla sanciones de hasta 30 años de prisión y confiscación de los bienes por «delitos contra la administración pública», «ciberdelitos» o «delitos contra el Estado o instituciones», entre otros.
El gobierno de Daniel Ortega ha endurecido la legislación y la represión tras las protestas opositoras de 2018. Desde entonces han sido cerradas unas 5.500 oenegés y sus bienes fueron confiscados.
Las protestas dejaron en tres meses más de 300 muertos, según la ONU, y desde entonces miles de nicaragüenses han partido al exilio y cientos han sido expulsados y sus bienes confiscados.
La ley entró en vigor un día después de que el gobierno de Ortega y liberara a 135 presos políticos, quienes fueron enviados a Guatemala, gracias a una mediación de Estados Unidos.
El enviado estadounidense pidió entonces a Ortega que no despojara de la nacionalidad nicaragüense a estos excarcelados, como hizo con otros presos políticos liberados y opositores exiliados.
Una de estos últimos es la poeta nicaragüense Gioconda Belli, exiliada desde 2023 en España, quien, ante el Consejo, reclamó el «cese del acoso contra las voces críticas» por el gobierno de Ortega.
«Se debe proteger y promover los derechos de todas las personas que quieran vivir en Nicaragua, quienes están en el exilio tienen derecho a un retorno seguro y a poder desarrollar su vida en paz en su país», dijo Salazar.
