Las instalaciones de la empresa Metro Servicios Turísticos en Puerto Plata fueron embargadas este lunes tras el incumplimiento de una sentencia dictada en 2021 por el pagó de las prestaciones laborales y otros derechos adeudados a más de una docena de ex empleados, deuda que sobrepasaba los 69 millones de pesos, según el abogado Whascar Marmolejos.
El embargo, en el que las autoridades encabezadas por el fiscal Kelmi Duncan se llevaron cuatro autobuses y un minibus, fue ejecutado por Marmolejos, quien explicó que un total de 15 trabajadores quedaron imposibilitados de beneficiarse del subsidio especial que creó el Gobierno Dominicano para mitigar los efectos de la pandemia y del cierre de labores que fue decretado a partir de marzo de 2020.
«Estos trabajadores descubrieron que la empresa Metro Servicios Turísticos cobraba todos los meses las retenciones para pagar a la Seguridad Social, pero que no las pagaba durante años. De hecho, eso acumuló una deuda de más de 69 millones de pesos que esa empresa luego hizo un acuerdo con la Tesorería de la Seguridad Social para pagar», indicó el jurista.
Al abogado agregó que al sentirse desamparados estos trabajadores «sin subsidio, sin salario y sin trabajo«, porque los mantenían suspendidos hasta noviembre del año 2020, se vieron en la obligación de presentar su dimisión, terminando el contrato de trabajo con responsabilidad para el empleador por «cometer faltas graves contra los trabajadores».
En ese sentido, se inició una demanda laboral depositada el 8 de diciembre del año 2020 en representación de estos 15 trabajadores.
«Y esta demanda laboral fue objeto de su conocimiento por los tribunales de primer grado y se dictó una sentencia de primer grado. Esa sentencia condenó a la empresa a pagar las prestaciones laborales y otros derechos adeudados. Y esta sentencia fue impugnada mediante un recurso de apelación por la empresa. Al mismo tiempo, pidieron la suspensión de la ejecución de esa sentencia para evitar el embargo y se le ordenó prestar una garantía de 15 millones de pesos para suspender la ejecución de la sentencia«, aseguró Marmolejos.
Esta garantía, de acuerdo con el abogado, nunca fue prestada por la empresa, según detalló Noticias SIN.
«La sentencia pudo haber sido ejecutada desde el año 2021. Sin embargo, nosotros agotamos intensos esfuerzos para que se lograra una solución amigable y no se logró», añadió.
De acuerdo con su relato, al no lograrse el pago de la garantía, la Corte de Trabajo confirmó la sentencia y la empresa interpuso un recurso de casación por ante la Suprema Corte de Justicia y también interpuso una demanda en suspensión de ejecución de esa segunda sentencia por ante el magistrado presidente de la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia, quien le acogió la demanda y le otorgó un plazo de 15 días para aportar una garantía nuevamente.
«A pesar de esta segunda orden, tampoco la empresa aportó la garantía. Intimamos a que aportara la garantía para nosotros poder tener protegido el crédito de esos 15 trabajadores, algunos de los cuales trabajaron por 15, 20, 25 años en la empresa. Y desafortunadamente no logramos nunca la garantía, ni logramos nunca que hubiera ninguna propuesta de pago, por lo que nos vimos obligados a solicitar el auxilio de la fuerza pública para proceder al embargo». concluyó el jurista.
