La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, conjuntamente con la Fiscalía de La Vega, presentó formal acusación en contra de Melvin Castillo Hernández, Angélica Inés Tejada Hernández y la empresa de fachada White Castle Real State SRL., una estructura dedicada al tráfico ilícito de mercancías, defraudación tributaria y lavado de activos con asiento en La Vega.
Melvin Castillo Hernández fue arrestado el 20 de enero de 2024, tras una investigación que manejaba la Fiscalía de La Vega, que lo relacionaba con el almacenamiento de mercancías ilícitas, luego de un allanamiento realizado en el sector del Estadio Olímpico, de La Vega.
En el allanamiento, se ocuparon valrios productos ilícitos, incluyendo 112 aires acondicionados (nuevos), cientos de bebidas alcohólicas de diferentes marcas, más de diez millones de pesos en efectivo, un arma de fuego, así como piezas y joyas de alto valor económico.
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, por su parte, activó, a solicitud de la Fiscalía de La Vega, la investigación financiera, lo que permitió identificar, que el acusado, pasó de mover Tres Mil pesos en su cuenta a crecer de manera gigantesca entre 2022 y 2024, con movimientos ascendentes a Quinientos Ochenta y Cinco Millones, Quinientos Ochenta y Seis Mil Ochocientos treinta y nueve pesos con Noventa y ocho centavos, RD$585,586,839.98, contabilizándose, adicionalmente, Cuarenta y Seis Millones, Novecientos Cincuenta y Ocho Mil Novecientos Veintisiete pesos con Treinta y dos Centavos, RD$46,958,927.32.
De igual manera, utilizaba a su madre, la también imputada Angélica Inés Tejada Hernández, como prestanombre, quien, de igual manera, no puede justificar el origen lícito de esta estrepitosa suma de dinero. Ambos constituyeron una empresa sin operatividad, de nombre White Castle Real Estate SRL.
La pasada semana, se practicaron un total de cinco incautaciones, destacándose la vivienda de tres niveles, donde se ocupó las mercancías ilícitas, el drink-colmado, además de otras propiedades que se valoran en unos veinticinco millones de pesos.
Se acusan a los imputados de violentar las disposiciones de la ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, así como la 17-19, sobre Tráfico Ilícito de Mercancías y la 168-21, sobre Contrabando en la República Dominicana, así como la Ley 11-92 de régimen tributario y la No. 183-02 Ley Monetaria y Financiera.
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La magistrada Ramona Nova Cabrera, titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y la fiscal titular de La Vega, Aura Luz García, señalaron en un comunicado de prensa, que la acusación representa un firme compromiso contra la criminalidad organizada y que reúne las pruebas necesarias para individualizar y lograr una sanción ejemplar.
Comunicaron a la vez, que la investigación estuvo a cargo del procurador fiscal de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Claudio Alberto Cordero Jiménez.
