El Ministerio de Educación aclaró que el reciente embargo a las cuentas de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) no se realizó por razones sindicales ni electorales, sino como una medida legal ante la suspensión prolongada de la docencia en Barahona desde el inicio del año escolar.
«La paralización de las clases en esa provincia, así como en Azua y San Francisco de Macorís, ha sido promovida por una facción minoritaria de la ADP, que ha utilizado los paros como una estrategia para promocionar a sus candidatos, en detrimento del derecho de los estudiantes a una educación de calidad y la continuidad del calendario escolar», señaló la institución en un comunicado.
«Es importante subrayar que la mayoría de los docentes están comprometidos con el bienestar de los alumnos, pero algunos dirigentes buscan beneficios particulares, perjudicando a los más vulnerables,» expresó el Ministro de Educación, Ángel Hernández.
Añadió que en el caso específico de Barahona, la situación se ha vuelto alarmante, ya que el dirigente principal de la ADP en esa localidad «ha recurrido a medidas intimidatorias, incluidas amenazas con armas, para forzar a otros docentes a sumarse a los paros, generando un clima de tensión y temor en la comunidad educativa».