El exdiputado Rafael Méndez afirmó que las recientes deportaciones indiscriminadas y masivas de haitianos, ordenadas por el presidente Luis Abinader, son un intento de “lavarse las manos frente a su fracasada y errática política migratoria”, al tiempo que aseguro “que estas medidas buscan distraer la atención del caos migratorio que el gobierno ha permitido con su “indiferencia” ante el tráfico de indocumentados realizado por militares y miembros de organismos de seguridad que deberían proteger la frontera.
Al referirse al artículo “Deportaciones y derechos” del reconocido periodista y diplomático Aníbal de Castro, Méndez reafirmó que la soberanía de un Estado incluye la prerrogativa de regular el ingreso y permanencia de personas en su territorio, pero nunca a costa de la dignidad humana. “Las políticas migratorias deben ser rigurosas, pero jamás pueden justificar tratos inhumanos, arbitrarios o que se aprovechen de la vulnerabilidad del inmigrante”, sentenció.
En línea con las ideas expuestas por De Castro, Méndez subrayó que las deportaciones deben estar enmarcadas en procedimientos transparentes y accesibles, respetando el debido proceso y garantizando que las personas no sean devueltas a situaciones de violencia o persecución en sus países de origen, en consonancia con el derecho internacional.
“El respeto a los derechos humanos no es opcional”, insistió, añadiendo que las políticas migratorias deben siempre velar por la integridad física y moral de quienes son expulsados, como reflejo de los principios fundamentales de una sociedad democrática.
Méndez, periodista y exdiputado durante tres períodos, hizo un llamado a la reflexión sobre la urgencia de una política migratoria integral, que no se limite a medidas de control o represión, sino que contemple acciones que promuevan el desarrollo regional, el entendimiento entre los pueblos y una cooperación internacional efectiva.
“La verdadera solución a la crisis migratoria no puede depender solo de deportaciones masivas, sino de un enfoque más amplio que considere tanto los derechos humanos como las realidades económicas y geopolíticas que afectan a Haití y a la región”, concluyó.
