La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional varió anoche la medida de coerción que tenían el exdirector del Intrant, Hugo Beras; el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi) y Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant, retirando la medida de prisión preventiva de 18 meses que pesaba sobre ellos.
Las nuevas medidas que los jueces Isis Muñiz, Luis Omar Jiménez y Delio Germán dispusieron para los tres acusados en la operación Camaleón son: impedimento de salida del país, presentación periódica y garantía económica.
Hugo Beras y Pedro Padovani deberán pagar una garantía económica de cinco millones de pesos, cada uno, a través de una compañía aseguradora y deberán cumplir la presentación periódica ante el Ministerio Público los tres primeros días de cada mes hasta que culmine la etapa preparatoria del caso.
Jochi Gómez deberá pagar dos millones de pesos y presentarse los tres primeros días de cada mes ante las autoridades del Ministerio Público.
Los jueces consideraron que Beras, Gómez y Padovani no representan peligro de fuga, por lo que pueden continuar conociendo su caso con estas nuevas medidas menos gravosas.
La Corte valoró a unanimidad las variaciones de medida de coerción contra Beras y Padovani, pero en el caso de Gómez hubo un voto disidente por parte de la jueza Isis Muñiz, quien no estuvo de acuerdo con dejar fuera de la cárcel a este último.
La jueza Muñiz explicó que su voto disidente contra Jochi Gómez radica en que este podría destruir pruebas en el proceso de investigación de este caso.
La magistrada vio como peligroso que el imputado le fueran incautadas una serie de armas de fuego.
Los jueces manifestaron que los allanamientos realizados por las autoridades se hicieron dentro del ámbito de la legalidad.
El Ministerio Público
«Lo que dice la Corte es que infiltrar una investigación, perseguir jueces, no tiene ningún valor procesal. Esta es una decisión que respetamos pero no compartimos», manifestó Wilson Camacho, director de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca).
Lamentó que este sea el mensaje que se le dé a las estructuras de corrupción que, según él, operan en el país.
«Debió mantenerse la prisión preventiva, pero nosotros vamos a seguir trabajando para llevarlos a juicio, y en el juicio, procurar las condenas correspondientes», acotó Camacho.
Hace aproximadamente un mes que los involucrados en el caso Intrant fueron enviados al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres de San Cristóbal con 18 meses de prisión preventiva por supuestamente ejecutar de forma fraudulenta el contrato de 1,317 millones de pesos para instalar la red semafórica del Gran Santo Domingo, que fue adjudicada durante la gestión de Beras a la empresa Transcore Latam, de Gómez.
