La Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Ogtic) ha salido al paso de las recientes denuncias hechas por Marcos Radhames Valerio, un exempleado que afirmó la existencia de una «mafia» dentro de la institución para la venta ilegal de armas de fuego.
A través de un comentario en la red social X, publicación que luego fue eliminada por la institución, Ogtic ha detallado que Valerio, quien fue separado de su cargo en abril de este año, no solo fue desvinculado por presunto robo, sino que también había sido beneficiado por la institución con ayudas para su hija discapacitada.
«Es lamentable que alguien a quien se le extendió la mano en momentos de necesidad ahora difunda información sin fundamento y perjudicial sobre la institución que lo trató con respeto y confianza», expresó Ogtic en su declaración. La entidad subrayó que poseen «pruebas contundentes» que respaldan la desvinculación de Valerio de su puesto en el área de servicios generales.
En respuesta a las acusaciones, Ogtic no solo cuestionó la veracidad de las afirmaciones de Valerio sino que también instó a la comunidad a «evaluar críticamente la información y realizar investigaciones exhaustivas antes de difundirla».
Contexto de la Denuncia
La controversia comenzó cuando Marcos Radhames Valerio comentó en una publicación del grupo Somos Pueblo en Instagram, donde se denunciaba una supuesta red de militares dentro de Ogtic dedicados a la venta ilegal de armas. Valerio afirmó haber recibido amenazas tras su comentario, lo que llevó a un mayor escrutinio público sobre las prácticas internas de la institución.
La Ogtic, en su respuesta, no abordó directamente la acusación de la venta ilegal de armas pero enfocó su declaración en desacreditar la credibilidad de Valerio y en aclarar las circunstancias de su despido. Esta situación ha generado debate en las redes sociales y ha puesto bajo el reflector las políticas internas y la integridad de las instituciones gubernamentales en materia de seguridad y ética laboral.
