El Ministerio Público en Santiago y la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) se incautaron de más de mil unidades de material escolar falsificado, en medio de allanamientos para combatir el comercio ilícito de productos destinados a niños y adolescentes en edad escolar y que fueron elaborados de forma clandestina, afectando marcas debidamente registradas, en violación a la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor.
Durante las intervenciones, realizadas bajo la coordinación de la Unidad de Propiedad Intelectual del Ministerio Público (UPI-PGR), las autoridades se incautaron de 1,579 productos de la obra Caligrafía Dominicana y otras creaciones literarias falsificadas, luego de constatar la denuncia interpuesta por los propietarios de estas obras, que fueron reproducidas, distribuidas y comercializadas de forma ilícita, sin el consentimiento del autor.
La incautación de este material educativo se realizó en el centro de la ciudad, en Pekín, al sur del municipio, y en el distrito municipal San Francisco de Jacagua, impactando a vendedores ambulantes, librerías, papelerías y otros negocios legalmente establecidos.
Los operativos, destinados a combatir el comercio ilício de material educativo adulterado, estuvo dirigido por un cuerpo de fiscales, encabezados por la supervisora de la Unidad de Delitos Electrónicos de la Fiscalía de Santiago, Lia Collado, e integrado por Sindy Burgos y Gerardo Ponce, así como por inspectores de la ONDA de Santiago y Santo Domingo, a fin de proteger, como lo establece la legislación, el patrimonio cultural y la creación de cualquier producto, cuyos titulares hayan registrado como lo indica la norma.
La ONDA es el órgano del Estado dominicano encargado de administrar, regular y tutelar todo lo relacionado con el derecho de autor en el país.
La Ley 65-00 contempla que «es ilícita la reproducción, distribución, comunicación pública u otra forma de utilización parcial o total de una obra sin el consentimiento de su autor».
Se trata de allanamientos e intervenciones programadas en ocasión de la planificación operativa del Ministerio Público, que tiene como finalidad atacar todas las manifestaciones ilícitas de las cuales tenga conocimiento, ya sea por medio de denuncias o fruto de las investigaciones que le son de competencia.
