El líder de Alianza País, Guillermo Moreno, calificó como «corrupción legalizada» las exoneraciones que reciben los legisladores dominicanos para importar vehículos, señalando que estas prácticas le han costado al Estado 4,879 millones de pesos en los últimos 14 años.
Moreno explicó que estas exoneraciones se originaron en una ley de 1966, que permitía a los legisladores importar un vehículo de hasta 3,000 dólares. Sin embargo, en 1996 se modificó esta normativa, autorizándoles a importar hasta dos vehículos sin límite de valor. «El resultado ha sido alarmante: un alto porcentaje de estos vehículos son deportivos y de lujo, usados principalmente para su venta, violando la ley», señaló.
Impacto económico
Entre 2010 y 2021, los legisladores importaron 1,148 vehículos, causando una pérdida al Estado de 2,649 millones de pesos en impuestos. Desde 2021 hasta 2024, esta cifra aumentó con la importación de 499 vehículos adicionales, lo que generó otra pérdida de 2,140 millones de pesos. Según Moreno, «esto no solo es un abuso, sino un acto de estafa en perjuicio del Estado».
Moreno destacó que los legisladores de Alianza País, como Fidelio Despradel (2016-2020) y Pedro Martínez (2020-2028), han rechazado estas exoneraciones, como parte del compromiso del partido con la transparencia y la ética. «Sabemos que es una forma de corrupción legalizada, y por eso nuestros representantes no aceptan este privilegio», afirmó.
Moreno hizo estas declaraciones en respuesta a una investigación del periódico Diario Libre, que expuso irregularidades y abusos en el uso de este privilegio.
Un llamado al cambio
El dirigente político instó al Ministerio Público a investigar la venta fraudulenta de vehículos importados bajo este esquema, alegando que constituye un mecanismo de enriquecimiento ilícito. También pidió al Partido Revolucionario Moderno (PRM), que tiene mayoría en el Congreso, que elimine estas exoneraciones.
«Es una oportunidad de moralizar la labor legislativa y acabar con una práctica reñida con la ley», aseguró.Moreno reconoció que eliminar este privilegio requiere un ejercicio de voluntad política por parte de los propios legisladores, quienes tendrían que legislar para renunciar a estas exoneraciones. «Es posible que muchos piensen que esto es un delirio, porque como dice el refrán popular: ‘la ullama no pare calabaza’», concluyó.
Esta postura de Guillermo Moreno refleja una crítica contundente al sistema de exoneraciones legislativas y un llamado a la transparencia y la ética en el manejo de los recursos públicos.
