Estados Unidos anunció este miércoles sanciones contra 21 funcionarios del aparato de seguridad y miembros del gabinete del mandatario venezolano Nicolás Maduro por cumplir sus órdenes «para reprimir a la sociedad» con el fin de «declararse fraudulentamente ganador» de las elecciones.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del departamento del Tesoro sanciona entre otros a los jefes del servicio de inteligencia, Alexis José Rodríguez Cabello, y de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM), Javier José Marcano Tábata.
También destacan el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, y Daniella Desiree Cabello, hija del ministro del Interior Diosdado Cabello.
«Han apoyado y llevado a cabo las órdenes de Maduro para reprimir a la sociedad civil en sus esfuerzos por declararse fraudulentamente ganador de las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio», afirma el Tesoro en un comunicado.
De esta manera ignora «la voluntad de la abrumadora mayoría de los votantes venezolanos que eligieron a Edmundo González Urrutia como su próximo presidente», añade.
Las fuerzas de seguridad «han arrestado arbitrariamente en masa a los partidarios de la oposición democrática» y han reprimido violentamente las protestas, protesta Washington la víspera de que se cumplan cuatro meses de los comicios.
«Las acciones represivas» son «un intento desesperado de silenciar las voces de sus ciudadanos», denunció el subsecretario interino del Tesoro para el Terrorismo e Inteligencia Financiera, Bradley T. Smith, citado en la nota.
Además el departamento de Estado ha impuesto restricciones de visa a «individuos alineados con Maduro».
Con estas medidas hasta la fecha casi 2.000 personas se ven afectados por restricciones de visa.
«No se trata simplemente de responsabilizar a Nicolás Maduro» sino a los funcionarios «que actúan ilegalmente para mantener este régimen basado en tácticas represivas», declaró a periodistas un funcionario gubernamental que ha pedido el anonimato.
Washington sigue sin tocar a las licencias petroleras, pese a que la líder opositora venezolana María Corina Machado lo reclama con insistencia.
La industria petrolera de Venezuela está sancionada desde 2019 pero Washington otorga licencias individuales para operar en Venezuela a varias compañías, como la estadounidense Chevron.
«Esto es algo que estamos revisando continuamente mientras buscamos alcanzar nuestros objetivos de política exterior en Venezuela», afirmó el funcionario.
«Porque no hayamos tomado ninguna acción hasta ahora no significa que no tomaremos una en el futuro», precisó a periodistas otro funcionario que también pidió el anonimato.
