AFP 
El gobierno del presidente argentino Javier Milei prepara una «serie de modificaciones en el régimen migratorio» para que los extranjeros no residentes paguen la educación en las universidades públicas y la atención en hospitales, anunció el vocero Manuel Adorni.
Con la modificación del régimen migratorio «se va a disponer que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes» y, también, «el fin de la gratuidad de la atención médica para los extranjeros que no residan en el país», dijo este martes en conferencia de prensa el vocero presidencial, Manuel Adorni.
En Argentina la atención médica y la educación hasta el nivel de grado son gratuitas dentro del sistema público.
Como país federal, en Argentina el poder nacional solo puede decidir sobre los hospitales a su cargo mientras que las provincias tienen autonomía.
Este año algunas provincias comenzaron a cobrar por salud a extranjeros no residentes como Mendoza (oeste), Santa Cruz (sur) y, en el norte, Jujuy y Salta.
El opositor ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, señaló que «las ‘medidas’ (…) solo buscan provocar, generar odio y resentimiento» y que su distrito mantendrá la gratuidad.
También hubo críticas al anuncio sobre las universidades.
Para el decano de la facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, Guillermo Durán, el anuncio es «un absurdo total» ya que no existen casos de «estudiantes no residentes» porque para estudiar en una universidad pública se debe obtener una residencia, con la cual el extranjero tiene los mismos derechos que un nativo, dijo al canal local La Nación +.
El abogado constitucionalista Félix Lonigro recordó el martes que existe la «ley de educación superior que establece la gratuidad de la educación pública estatal universitaria» y que su modificación requiere tratamiento parlamentario, en una entrevista con el mismo canal.
Según los últimos datos disponibles de la Secretaría de Educación, hasta 2022 había 122.769 extranjeros que estudiaban en universidades argentinas, de los cuales 104.998 eran de pregrado y grado, lo que representa un 4,1% dentro de los 2.540.854 estudiantes universitarios.
Adorni también anunció que se incorporarán más delitos como causa para impedir el ingreso o que sean justificativos para expulsar a un inmigrante del país.
«Si a un delincuente se lo detiene cometiendo un delito (en flagrancia) o por violentar el sistema democrático, será expulsado y se le prohibirá su reingreso al país», aseguró. «La doctrina ‘garantista’ ha hecho desastres en términos migratorios», remarcó.
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