El fiscal general republicano de Texas presentó una demanda contra un médico de Nueva York que envió por correo píldoras abortivas a una mujer del estado sureño.
Texas tiene algunas de las leyes que restringen el aborto más duras de Estados Unidos.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, elevó el jueves una demanda civil contra Margaret Carpenter, fundadora en Nueva York de la Abortion Coalition for Telemedicine.
Su oficina señaló que Carpenter proporcionó a una mujer texana de 20 años «fármacos inductores del aborto que acabaron con la vida de un nonato y provocaron graves complicaciones a la madre».
«Las leyes de Texas prohíben a un médico o proveedor médico suministrar cualquier fármaco inductor del aborto por servicio de mensajería, entrega o correo», indicó.
Además, «ningún médico puede tratar a pacientes o recetar medicamentos a residentes de Texas a través de servicios de telemedicina a menos que el médico tenga una licencia médica válida de Texas».
Carpenter no tiene licencia médica en Texas.
El fiscal reclama que se le prohíba a Carpenter ejercer ilegalmente la medicina en el estado y recetar píldoras abortivas a residentes de Texas. También solicita una multa de 100.000 dólares por cada infracción.
«En Texas valoramos la salud y la vida de las madres y los bebés, y por eso los médicos de fuera del estado no pueden recetar ilegal y peligrosamente medicamentos abortivos a residentes de Texas», declaró Paxton.
El estado de Nueva York, controlado por los demócratas, cuenta con una ley llamada «escudo» que ofrece protección legal a los médicos locales que prescriben píldoras abortivas a mujeres de estados en los que el procedimiento está prohibido.
Dieciocho estados gobernados por demócratas han promulgado leyes escudo desde que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló el derecho al aborto en todo el país en 2022, según un informe del Centro de Derechos Reproductivos.
En junio de este año, el máximo tribunal rechazó un intento de grupos antiabortistas de restringir la mifepristona, una píldora ampliamente utilizada para interrumpir embarazos.
La demanda de Texas plantea a los tribunales espinosas cuestiones jurídicas sobre lo que se conoce como extraterritorialidad, es decir, la aplicación de las leyes de un estado a otro.
